Los siete militares que estuvieron involucrados en el asesinato de 22 presuntos delincuentes ocurrido en 2014 en Tlatlaya, Estado de México fueron reaprehendidos.
Es oportuno señalar que estos fueron liberados en 2015 y 2016 por falta de elementos, y recapturados a mediados de abril.
De acuerdo con El Universal, los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México.
Aunque cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista. Fuentes aseguraron al diario que los tres militares restantes permanecen presos.
El 30 de junio de 2014, en la comunidad San Pedro Limón, perteneciente al municipio de Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega a manos de miembros del Ejército. Entre los muertos había un menor de edad.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de una sobreviviente y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelaron que entre 12 y 15 de las personas que murieron fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido. Además, se alteró la escena del crimen para encubrir a los responsables y se torturó a las sobrevivientes para que no revelaran lo sucedido.
La PGR acusó a siete militares –Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López–, por el homicidio de ocho civiles y encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, fueron liberados con las reservas de ley en mayo de 2016.
No obstante, en octubre de 2019, al cumplirse cinco años de la masacre, un juez ordenó la reaprehensión de siete de los soldados para que fueran enjuiciados, señalando que tres de ellos tenían causas penales pendientes por homicidio calificado.
Ese mismo año, el Centro Prodh aseguró que el encubrimiento y la impunidad que privan en este caso, son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional.
Advirtió que si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos.
En octubre de 2020, un periódico español dio a conocer que abogados civiles lograron interrogar a militares de alto rango vinculados a este hecho, pero tras dar sus declaraciones, la Fiscalía General de la República dio por terminado el proceso.
De acuerdo con lo revelado por el medio, los interrogatorios se llevaron a cabo el 29 de septiembre de 2020 en las instalaciones del Ejército Mexicano en la capital del país. Asimismo, el diario detalló que tuvo acceso a algunas de las declaraciones que dio el general José Luis Sánchez León.
Encargado del Ejército en el sur del Estado de México, quien declaró tener conocimiento de lo ocurrido desde las primeras horas de aquel día, pese a que en un inicio aseguró que el día de la masacre se encontraba de vacaciones y la única manera de la que se enteró de eso fue a través de partes informativos.
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