El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe sobre el estado que guardan los derechos humanos en México que emitió el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, porque preserva una práctica de mantener vigente la Doctrina Monroe.
Consideró que ellos deben ser respetuosos de la soberanía, así como México no se involucra ni hace señalamientos de la situación interna de ese país y censuró que “se sitúen como los jueces del mundo”.
Sin mediar pregunta y sin abundar en detalles sobre el contenido cuestionó los alcances del documento y subrayó que el gobierno mexicano no emite cartas de buena conducta: “nosotros no les decimos, ¿por qué tienes un candidato hostigándolo en los juzgados? y ¿por qué destinadas, miles de millones de dólares para la guerra? y ¿por qué no liberas a Julian Assange que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atiendes a los jóvenes que fallecen por la adicción al fentanilo? ¿Por qué reprimes y maltratas a los migrantes?”
En otro orden de ideas, el mandatario reivindicó la importancia de aprobar la Ley de Amnistía que podría ayudar en lograr avanzar en casos donde haya violaciones a los derechos humanos como la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa. En conferencia, aseveró que el propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos.
Descalificó las críticas opositoras sobre la intencionalidad de esta nueva legislación porque piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y que vamos a decidir de manera arbitraria. “Nunca lo hemos hecho, el propósito es avanzar en resolver temas pendientes, como Ayotzinapa y que lo hagamos entre todos. Vamos a ver qué resulta y estoy seguro que podemos contar con más información en todos los casos”.
Cuestionado sobre la posibilidad de que Israel Vallarta, detenido desde el sexenio de Felipe Calderón por su presunta participación en una banda de secuestradores, no lo descartó porque en sí mismo puede ser un caso de violación de derechos humanos porque tiene 10 o 15 años sin sentencia, como muchas otras personas detenidas.
Más adelante el presidente insistió en cuestionar la dualidad de las posturas derivadas de ese informe porque, ejemplificó, en materia migratoria, contradicen las críticas hacia México, con los niveles de cooperación acordadas directamente con la Casa Blanca. López Obrador consideró que comúnmente hay contradicciones entre diversas instancias gubernamentales de Estados Unidos.
Además, al referirse a las críticas que se hace en ese informe sobre las postura del gobierno de México frente a las organizaciones no gubernamentales, condenó el financiamiento que hace el Departamento de Estado de Mexicanos contra la Corrupción, una organización dedicada expresamente a cuestionar a su gobierno. “Está dedicada por entero a confrontar un gobierno legal, legítimamente constituido es algo muy parecido a la subversión, para entender las cosas”.
Cuestiona EU autonomía del PJ en México
El informe anual sobre derechos humanos en el mundo emitido este lunes por el Departamento de Estado no detectó cambios significativos en la situación de derechos humanos en México, antes de detallar una larga lista de abusos y violaciones de derechos incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones, tortura por fuerzas oficiales, problemas con la independencia del Poder Judicial, violencia contra periodistas y violencia con base en género.
El gobierno generalmente tomó pasos creíbles para identificar y castigar a oficiales que podrían haber cometido abusos de derechos humanos, apunta el informe en un resumen sobre la sección de México, de unas 58 páginas. Pero el reporte ofrece una evaluación muy detallada de ejemplos específicos de oficiales gubernamentales a escalas nacional y local que cometieron delitos y quedaron impunes. Por ejemplo, después de ofrecer detalles sobre los arrestos y liberación de personas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, el informe concluye que hasta noviembre [2023], ningún sospechoso ha sido condenado por su involucramiento.
El informe anual requerido por el Congreso desde 1977, ofrece capítulos detallados sobre casi todos los países del mundo, pero no somete a calificación los derechos humanos dentro de Estados Unidos. Por cierto, al presentar el informe este lunes, Robert Gilchrist, de la Oficina sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, señaló en conferencia de prensa que el presidente Joe Biden ha enfatizado la importancia de que este país cumpla con sus propios derechos humanos.
Pero, a fin de cuentas, este es un documento político. El secretario de Estado, Antony Blinken, en su introducción escrita al informe, resalta los abusos de derechos humanos en Rusia, Sudán, Irán, China y Cuba y lo que llama el conflicto Israel-Hamas. Sin embargo, un lector tiene que proceder a secciones específicas del informe para descubrir numerosos reportes de matanzas ilegales por el gobierno de Arabia Saudita o los “asesinatos extrajudiciales” del gobierno de India, ambos aliados de Washington, todo lo cual no es resaltado por el secretario de Estado.
En su introducción por escrito, Blinken sí optó por enfatizar los avances en la implementación de reformas laborales en México, donde trabajadores están superando obstáculos para organizarse y empezar a mejorar condiciones laborales. La sección sobre México agrega sobre este rubro que el gobierno continuó fortaleciendo las protecciones a la libre asociación, promoción de la democracia sindical y mejorar la capacidad de la negociación colectiva de los trabajadores.
La sección sobre México también incluye una evaluación de la actuación de parte del gobierno: Hubo varios reportes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios e ilegales, incluyendo asesinatos extrajudiciales, durante el año. Después de señalar que la tortura está prohibida por la ley federal en México, el informe señala que la impunidad por tortura prevaleció entre las fuerzas de seguridad.
Una gran parte de la sección sobre México se centra en si el gobierno mexicano investiga, fiscaliza y condena a personas dentro y fuera del gobierno que violan los derechos humanos y, tras indicar que existen numerosos reportes de desapariciones por grupos delictivos, el informe dice que las condenas de los delitos de desapariciones forzadas eran infrecuentes.
La sección evalúa el papel del Poder Judicial, señalando que, a pesar de la independencia de ese poder bajo la ley, decisiones de tribunales fueron susceptibles a influencia inapropiada de entidades tanto privadas como públicas, particularmente a escalas estatal y local, como también por organizaciones criminales trasnacionales”. Señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador verbalmente ha atacado al Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte y que mítines públicos han incluido la quema de la efigie de la juez Norma Piña. No obstante, el informe concluye que la ley otorga el derecho a un juicio imparcial y público, y el Poder Judicial generalmente hizo valer ese derecho.
Otro rubro amplio de la sección sobre México se enfoca en la libertad de prensa y los medios, lo cual evaluó que el gobierno mexicano generalmente respetó. Pero agregó que el gobierno continuó ejerciendo presión significativa por ser una fuente de ingresos de publicidad para muchas organizaciones de medios, lo cual a veces influyó la cobertura. Agrega que altos niveles de impunidad, incluyendo asesinatos o ataques sobre periodistas, resultaron en autocensura y una reducción de la libertad de expresión y la prensa.
El Departamento de Estado también señaló en este rubro que la desacreditación oficial de trabajadores de medios continuó. Políticos, incluyendo el presidente López Obrador, públicamente descalificó y criticó a tales periodistas, presentándolos como parciales, partisanos y corruptos. El informe ofrece una lista de periodistas muertos o que se supone están muertos durante el último año, incluyendo el corresponsal de La Jornada Luis Marín Sánchez Íñiguez, quien fue encontrado sin vida en Tepic, Nayarit, en julio pasado.
La sección también aborda conflictos sobre tierras, violencia social y étnica, u otras disputas políticas locales como razón por el desplazamiento forzado de personas. Indica que hubo 386 mil personas desplazadas por estos motivos, según ONG, y que los estados de Chiapas, Michoacán y Zacatecas en conjunto tenían 90 por ciento de los casos de personas desplazadas por violencia.
Finalmente, el documento, señalando que la ley nacional aplica penas por corrupción oficial, concluye que el gobierno generalmente aplicó esa ley efectivamente, pero hubo varios informes de corrupción gubernamental.
Al emitir el informe, el secretario de Estado Blinken fue preguntado por reporteros si Estados Unidos tiene un doble criterio en torno a los derechos humanos, dada la crítica pública de acciones rusas en Ucrania comparadas con las mucho más leves de las mismas en Gaza por Israel. No, aplicamos el mismo criterio a todos, y eso no cambia si el país es un adversario, un amigo o un aliado.
El informe se puede consultar en: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/.
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