Reclaman a AMLO familias de los 43 de Ayotzinapa, “no hay avance”
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 7 años reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de avances en el caso, el abogado de las madres y padres incluso se refirió a la Fiscalía General de la República (FGR) como “un elefante blanco que no camina, reumático“.
“La verdad que, como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, la Fiscalía es algo parecido, dijimos: ‘bueno tenemos ejemplos importantes de que no está caminando’”, dijo a medios el abogado Vidulfo Rosales Sierra la tarde del viernes al salir de una reunión de más de tres horas con el Jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional.
“Él [AMLO] quedó de revisar, quedó que se va a revisar el tema de la Fiscalía General. La Fiscalía General, ya lo hemos dicho y se le hicimos ver al Presidente de la República, pues no está caminando”, sentenció el litigante.
Rosales Sierra enfatizó que lo anterior se evidencia en el hecho de que no se han cumplimentado 40 órdenes de aprehensión desde hace más de seis meses, y que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sigue sin ser traído desde Israel a México para su enjuiciamiento.
Ayer, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, reveló que el Presidente López Obrador pidió por carta al Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, la extradición de Tomás Zerón.
Vidulfo Rosales, reveló que López Obrador prometió “revisar” tanto la situación de la FGR como la línea de investigación que involucra al Ejército. “Se hizo énfasis que no vemos avances en la profundización de la investigación al Ejército Mexicano”, expresó Vidulfo Rosales.
“Lo que nosotros decimos es que hay datos de pruebas suficientes que indican que el Ejército mexicano estuvo siguiendo a los estudiantes”, insistió el abogado.
El defensor recordó que un testigo reconoció que en septiembre de 2014 por lo menos 25 normalistas fueron ingresados al 25 batallón de infantería, factor por el que, consideró, tendría que realizarse una investigación exhaustiva.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero, y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero.
El Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, dijo este viernes en conferencia que “existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada” en la investigación del Gobierno anterior.
Denunció que con la “verdad histórica” se intentó que “toda la responsabilidad recayera en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre las autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada”.
Según datos del Fiscal, se han emitido 89 órdenes de captura contra responsables de la desaparición y autoridades del Gobierno de Peña Nieto que hicieron la investigación, de las cuales se han ejecutado 49.
La Comisión de la Verdad ha emprendido búsquedas en 133 puntos distintos, dos de los cuales comenzaron a ser rastreados este mismo jueves.
Mientras que al menos 21 personas relacionadas con el caso han muerto o han sido asesinadas desde 2014, lo que dificulta la investigación.
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