Reclamará México a Reino Unido por dar asilo a Karime Macías

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno reclamará –por las vías diplomáticas correspondientes– que Reino Unido haya otorgado asilo político a Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, acusada en México de diversos delitos, por lo que hay una solicitud de extradición.

Brevemente, en la mañanera de ayer, la mandataria federal dijo que, hasta ahora, el gobierno británico no ha notificado al mexicano sobre la decisión de proteger a Macías Tubilla, señalada por fraude y desvío de recursos públicos a empresas fantasmas.

“No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, señaló al hacer alusión al tema.

Con la decisión de Reino Unido, la ex cónyuge del ex mandatario veracruzano –preso en el Reclusorio Norte acusado por peculado–, no será extraditada a México para enfrentar los señalamientos en su contra.

“Sí merezco abundancia” es la frase con la que Karime Macías Tubilla intentó justificar la riqueza que acumuló durante el Gobierno de Veracruz encabezado por su entonces esposo, Javier Duarte, y que terminó por inmortalizarla en la memoria colectiva de los mexicanos.

Acusada de presunto daño patrimonial por 112 millones de pesos en perjuicio del erario veracruzano —recursos que habrían sido desviados a seis empresas fantasma mientras presidía el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)—, Macías Tubilla logró evitar su extradición a México luego de que Reino Unido le concediera asilo político.

El 29 de octubre de 2019 fue detenida en Londres, Inglaterra. Apenas una semana después, el 5 de noviembre, la Corte de Magistrados de Westminster determinó que podría enfrentar el proceso de extradición en libertad, tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas —alrededor de 3.5 millones de pesos—. Como parte de las medidas cautelares, debía firmar mensualmente en una estación de policía y tenía prohibido acercarse a puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias para evitar una posible fuga.

Desde entonces inició una batalla legal para frenar su entrega a México. En días pasados, el Ministerio del Interior británico resolvió concederle asilo político, decisión que canceló definitivamente el proceso de extradición y permitió que le fuera retirado el brazalete electrónico que portaba desde enero de 2020, con lo que recuperó plena libertad de movimiento en territorio británico.

En 2022, la Corte de Magistrados de Westminster ya había aprobado su extradición; sin embargo, su defensa interpuso diversos recursos argumentando que el proceso estaba viciado, ya que el delito imputado habría prescrito y dicha circunstancia no fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al Gobierno británico. Asimismo, su abogado sostuvo que algunas declaraciones en su contra habrían sido obtenidas bajo tortura.

El origen del caso

Karime Macías llegó a Londres en 2017, luego de que Javier Duarte fuera detenido el 15 de abril de ese año en Guatemala, país al que huyó para evadir acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa. Meses antes, el 12 de octubre de 2016, Duarte había solicitado licencia al cargo de gobernador de Veracruz tras anunciar su renuncia en una entrevista televisiva; fue la última vez que apareció públicamente como mandatario.

Macías, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, conoció a Duarte durante su etapa universitaria, a través de amigos en común, entre ellos Moisés Mansur, señalado posteriormente como presunto prestanombres del exgobernador. La pareja contrajo matrimonio en 1999 y se divorció en octubre de 2019, según informó el diario Reforma.

La demanda de divorcio fue presentada por Macías y aceptada sin condiciones por Duarte, quien actualmente cumple una condena de nueve años por asociación delictiva y lavado de dinero. De acuerdo con ese rotativo, la pensión para los tres hijos del matrimonio quedó fijada en 180 mil pesos mensuales.

El escándalo estalló en diciembre de 2016, cuando Javier Marín Atristáin, entonces director administrativo del DIF estatal, denunció que entre 2011 y 2016 la dependencia simuló la contratación de servicios con seis empresas fantasma por un monto de 112.2 millones de pesos, presuntamente bajo las órdenes de Macías, en su calidad de presidenta del Patronato.

En mayo de 2018, un juez de Veracruz giró una orden de aprehensión en su contra. Según la Fiscalía estatal, el dinero habría sido destinado a la supuesta compra de equipo médico, multivitamínicos, sistemas de captación y purificación de agua, sanitarios biodegradables, electrodomésticos y paquetes escolares, entre otros insumos, sin que existiera evidencia de que dichos bienes fueran entregados a población vulnerable.

Las empresas señaladas fueron: Grupo Balcano SA de CV; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.