Recomiendan derogar leyes discriminatorias contra mujeres y niñas
Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), instaló el mecanismo de Seguimiento al Cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en materia Legislativa.
Durante el acto forma, la legisladora señaló que el compromiso es cumplir la Agenda CEDAW, y en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, esta Comisión incorporó este mecanismo al proceso de trabajo legislativo.
Será un espacio de análisis, estudio y monitoreo de las obligaciones del Estado en el ámbito legislativo. “La intención es integrar y sistematizar periódicamente el avance de las recomendaciones para coadyuvar a fortalecer la agenda en materia de igualdad de género, y contribuir al logro del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”.
Al interior de la instancia legislativa a su cargo, se integrará el Grupo de Trabajo CEDAW para realizar ese seguimiento; se conformará con legisladoras integrantes de la misma y se trabajará en coordinación con la Unidad para la Igualdad de Género, adscrita a la Secretaría General, para iniciar el proceso.
El grupo presentará un informe periódico semestral y una evaluación anual en materia de igualdad de género, proporcionará información periódica relevante a través de boletines mensuales, indicadores de seguimiento y resultados parciales por recomendaciones en materia legislativa en torno a las problemáticas, desafíos y pendientes a considerar en la agenda legislativa sobre igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Indicó que esta Comisión ha realizado algunas acciones para dar cumplimiento a la recomendaciones de la CEDAW, como el “2° foro de sobre violencia política en razón de género” cuyos resolutivos y el trabajo de la legisladoras de esta comisión, formarán el sustento para una propuesta integral sobre la materia. “Con un parlamento abierto se facilita el intercambio de las mejores prácticas legislativas y se promueve el diálogo político cooperativo entre todas y todos los actores sociales, para avanzar en materia de reformas constitucionales con perspectiva de género”.
También se promueve una mesa de trabajo con el Ejecutivo, en materia de paz y seguridad, prevención, atención, urgente sanción y erradicación de la violencia feminicida, que arrancará el 22 de marzo, con la propuesta de que sea un trabajo permanente y sostenido para dar cuenta de ello y sus avances.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos (Morena), mencionó si bien existe un gran avance legislativo, aún faltan acciones que garanticen plenamente los derechos de las mujeres, especialmente, las indígenas.
En este sentido, detalló que hay un gran esfuerzo por reconocer los derechos de las mujeres indígenas, como es el caso de lo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar 13 distritos electorales a los pueblos indígenas, pero no se instituye si debe haber equidad y género.
Propuso incluir dentro de la agenda un capítulo para las mujeres indígenas, porque en la práctica sigue habiendo atropellos, violencia y demás vulneraciones a sus derechos, toda vez que las comunidades originarias se rigen por los usos y costumbres. “Debemos encontrar el equilibrio de velar por las garantías de integrantes de estos pueblos, sin afectar su sincretismo cultural”.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) coincidió en que es fundamental trabajar en los municipios indígenas, a través del diálogo permanente para que la legislación federal y local sea asumida por estas regiones.
Uno de los retos es evitar el matrimonio infantil, toda vez que en las comunidades indígenas sigue la compra-venta de las niñas menores de 18 años.
La diputada de Morena, Rocío del Pilar Villarauz Martínez se comprometió a trabajar en favor de las mujeres y fortalecer los anexos del presupuesto destinados a este sector.
Su compañera de bancada, Laura Martínez González recordó que en pasados días se avaló en la Cámara Diputados una reforma para evitar el matrimonio infantil, pues es un acto que vulnera el interés superior de la niñez.
Esta modificación normativa es un gran logro para la lucha de las mujeres; sin embargo, no es el único, se debe trabajar por los derechos de quienes viven recluidas y para que las legislaciones locales armonicen los derechos humanos, porque Chiapas, Chihuahua, Morelos y Sonora, aún no lo realizan.
En el marco de los compromisos internacionales firmados por México en esta materia, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados “Legislatura de la Paridad de Género” a través de la Unidad para la Igualdad de Género, y en colaboración con la especialista académica para la vigilancia del cumplimiento de la CEDAW en México, Gloria Ramírez Hernández, se realizó la investigación “Cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)” para construir una metodología y fortalecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género.
Al presentar el documento, Ramírez Hernández indicó que México será el primer país en América Latina en instalar el Mecanismo de Seguimiento al cumplimiento de la CEDAW en el ámbito legislativo, no obstante, ha recibido diversas recomendaciones del Comité de la CEDAW en los años 1998, 2002, 2006, 2012 y 2018, de las cuales 63 son de competencia conjunta de los tres poderes; 43 del Ejecutivo y el Legislativo, y 8 del Legislativo y el Judicial.
El Comité ve con satisfacción los esfuerzos para armonizar la ley con la Convención; empero ha reconocido que persisten disposiciones discriminatorias por motivos de sexo, falta de armonización entre códigos civiles y penales, lo que impide la aplicación efectiva de la Convención y la legislación nacional sobre igualdad de género.
Además, faltan mecanismos eficaces y presupuestos asignados a la aplicación de las leyes sobre igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; también, falta un código penal unificado y un mecanismo judicial para resolver la discriminación contra las mujeres, que ha redundado en bajos índices de enjuiciamiento de esos casos.
Recomienda derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias contra mujeres y niñas, y armonizar definiciones jurídicas y sanciones por actos de violencia contra las mujeres
También, que el Congreso apruebe un código penal nacional que incluya todos los delitos, sanciones y una base mínima que garantice los derechos de las mujeres mediante una ley penal general. Asimismo, que se apruebe una hoja de ruta con recursos suficientes y metas para obligar a autoridades federales, estatales y locales a aplicar leyes de prevención y eliminación de discriminación de las mujeres en particular las indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales
Pide que se adopten medidas para garantizar la armonización de la legislación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011 y la del sistema de justicia penal de 2008.
A su vez, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, destacó la importancia de impulsar un parlamento abierto que retome en su agenda primordial la CEDAW para garantizar el respeto de sus principios y que mediante su intervención el parlamento se convierta en instancia impulsora y garante de que el Estado cumpla con esas disposiciones.
Destacó la relevancia de que esta legislatura paritaria ponga en marcha un mecanismo de seguimiento, como instancia que asegure la vigilancia y visibilidad necesarias, para que una agenda tan importante para los tiempos que vivimos tenga la presencia y el efecto que merece.
En el marco de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, dijo, nos sumamos a las acciones internacionales para reconocer los avances, “aunque sabemos que falta mucho por recorrer”. Se pronunció por avanzar en la incorporación de la cultura de género y dijo que la Unidad para la Igualdad de Género contribuirá al proceso de transformación y a garantizar la igualdad sustantiva, así como una vida libre de violencia, y eliminar prácticas discriminatorias que vulneran los derechos de las mujeres.
La Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Eréndira Cruz Villegas, señaló que es necesario crear políticas públicas legislativas efectivas y concretas para la igualdad en el país.
Las recomendaciones que ha emitido el Comité de la CEDAW tienen “traducción presupuestal y es necesario recuperar y robustecer los anexos que se han recortado, generar alianzas para contar con un presupuesto con perspectiva transversal de igualdad, y la erradicación de las violencias”.
Reiteró el compromiso de la CNDH de colaborar para construir una agenda sustantiva, acciones directas. “Aplaudimos este mecanismo, porque genera certeza en las mujeres, e instrumentos de participación directa y de seguimiento e incidencia”.
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