Reforma al Poder Judicial, constitucional e “irreversible”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó tres recursos promovidos por jueces y magistrados, los cuales buscaban frenar la reforma al Poder Judicial, concedidos por un Juzgado de Distrito con sede en Morelos.
En primera instancia, el Alto Tribunal rechazó un recurso promovido por trabajadores del Poder Judicial originarios de Tabasco, quienes solicitaban que la Corte defienda la división de Poderes y la autonomía de la justicia.
La SCJN rechazó esta solicitud desde el pasado 5 de septiembre por la ministra presidenta, Norma Piña.
En segunda instancia, la ministra presidenta también rechazó la solicitud promovida por la titular del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Mónica Pereda, que exigía que la SCJN se pronunciara sobre la violación a la suspensión que otorgó otra juzgadora de Cuernavaca contra la reforma al Poder Judicial, la cual fue “violada”.
Por último, también se rechazó el expediente 24/2024, en el cual jueces y magistrados que integran el Poder Judicial presentaron, por conducto de Jorge Arturo Acosta Argüelles, integrante del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, la solicitud para declarar “legalmente impedidas” a las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel para conocer de una consulta mediante la cual se busca un pronunciamiento contra la aprobación de la reforma.
En sesión privada, los ministros de la SCJN determinaron que este viernes 13 de septiembre se mantendrán las guardias necesarias para la tramitación de asuntos urgentes.
El Senado de la República realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial durante la sesión plenaria de este 13 de septiembre, donde se contó con la ausencia de los grupos parlamentarios de oposición.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado Mexicano, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad, luego de que 23 congresos estatales presentaron su aprobación.
“De la lectura de los documentos se constata que 23 de los votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al poder judicial. Así mismo se constata el voto en contra de la legislatura del estado de Jalisco y se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional”, señaló la secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, Verónica Camino Farjat.
Los 23 votos aprobatorios de las legislaturas estatales correspondieron a Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Ernestina Godoy (Morena), advirtió que no procede el amparo concedido por un juez de Colima para impedir que se promulgue la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que lamentó la actuación ilegal de los juzgadores, quienes a toda costa buscan mantener sus privilegios.
En el Poder Judicial deben entender que ya se aprobó la enmienda, subrayó en entrevista antes de la declaratoria de constitucionalidad de esa iniciativa en la Cámara alta. Detalló que la reforma se publicará este domingo 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuando se celebra la Independencia de México.
Sobre el amparo que el juez segundo de distrito en Colima otorgó ayer en favor de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para que la reforma no se publique en el DOF al menos hasta el próximo 11 de octubre, señaló que ninguna resolución se puede dictar en ese sentido.
Es notoriamente improcedente ese amparo; se les olvida que contra reformas constitucionales no proceden impugnaciones”, expuso la legisladora de Morena que a partir del primero de octubre será la consejera jurídica de la Presidencia de la República.
Ese actuar del PJF se debe a que no quieren perder privilegios y pretenden seguir en la impunidad y la opacidad, sin atender el llamado del pueblo, que exige austeridad republicana. Se niegan, agregó, a que se les vigile como a todos los servidores públicos”.
Mientras el Partido Acción Nacional celebró el amparo contra la publicación de la reforma judicial, diputados federales del mismo partido llamaron a gobiernos estatales y locales a presentar controversias constitucionales.
En conferencia de prensa en la sede capitalina del partido, legisladores federales y locales advirtieron que, aun con la aprobación y la declaratoria de validez de la reforma al PJF, esto no se acaba, pues los gobiernos de los estados, municipios y alcaldías, así como los poderes judiciales estatales, por medio de los tribunales superiores, tienen la facultad de presentar controversias.
En redes sociales, el PAN afirmó que todo el proceso estuvo lleno de irregularidades y violaciones a la ley y, una vez más, alguien tiene que corregirlos.
Los diputados Héctor Saúl Téllez, Kenia López, Margarita Zavala y Federico Döring aseguraron que el proceso parlamentario estuvo plagado de irregularidades, no sólo en las cámaras federales, donde –dijeron– hubo dudas respecto al cumplimiento del quorum, sino también en los congresos locales, elementos que, consideraron, pudieran servir para echar abajo la reforma.
El PAN, sostuvieron, agotará todas las instancias legales “para evitar que se consume la destrucción del país. Esta reforma no debe continuar”.
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