La reforma electoral no quita facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) sino que contiene el fin de la burocracia dorada del órgano autónomo, sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
El funcionario apuntó este viernes, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que se suprimen privilegios como seguro de gastos médicos mayores y desaparecen dos fideicomisos que están en la “opacidad”.
Afirmó que no hay un despido de 8 mil trabajadores, sino que explicó que destituya a 64 vocales de las juntas locales y 1,200 de las auxiliares, lo cual “no llega al 7%” señalado por la oposición, subrayó.
Igualmente, las 16 direcciones que actualmente existen, se compactan 7 y se reduce el número de vocales de juntas locales y distritales de 5 a 3, que “mantenían privilegios” aunque no hubieran procesos de elecciones.
El secretario señaló como mentira que no se van poder hacer conteos rápidos. Aclaró que estos no los realiza el INE, sino empresas que contrata dicho órgano autónomo con recurso que se presupuesta en cada proceso electoral. Añadió que los preliminares seguirán operando igual.
A esto se suma que se facilita votos de migrantes o mexicanos en exterior y se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan una preventa o quienes financien a candidatos a cambio de obras.
Por último, aseguró que la ley obliga que quienes formen parte del servicio profesional de carrera serán reubicados en otras áreas.
Adán Augusto López, coincidió en que “la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades”.
El funcionario detalló que el “Plan B” reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. Además, emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación.
A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “burocracia dorada” cuenta con tres privilegios: un sueldo por encima de lo que gana el presidente; servicio médico privado, que “no es el seguro social”; y liquidaciones mayores a los 20 días por año de antigüedad señalados en la ley.
“No se sabe a cuánto asciende este seguro médico privado. Les he dicho porque me consta, que anteriormente se hacían hasta cirugía plástica”, acusó.
El presidente afirmó que no se trastocaron derechos de ciudadanos con la reforma, sino que “se da garantía de que su voto será respetado”. Además, contestó que con la reforma se fortalecen.
“Aún con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional porque la bloquearon los de la mafia del poder, aún con esta reforma, se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado”, añadió.
Asimismo, arremetió en contra del secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo Molina, quien fue cesado a partir de la reforma.
“Al no estar Jacobo es una garantía para el ciudadano porque Jacobo como Lorenzo no tienen vocación democrática”, acusó. “Son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos”, agregó.
“Esta reforma no significa afectar en nada a los ciudadanos, a la democracia”, concluyó.
El mandatario presentó el nuevo paquete de reformas legales, llamado “Plan B”, después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE.
La constitucionalidad de la misma será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recorta 3 mil 500 millones de pesos (175 millones de dólares), elimina el 85 % del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024.
Con información de agencia EFE
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