Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que, como parte de un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), en Ensenada, Baja California, fueron identificadas 33 farmacias con diversas irregularidades, entre las que se encuentra la venta de medicamentos contaminados con fentanilo y medicamentos controlados de forma irregular.
Cofepris y la Semar visitaron en total 83 farmacias en Ensenada, en 33 de ellas encontraron irregularidades, y 22 de estas ya fueron reabiertas, tras presentar evidencia durante un proceso de acompañamiento regulatorio. Once farmacias se encuentran bajo proceso judicial.
Además, Svarch detalló las acciones que se han llevado a cabo para combatir la corrupción en Cofepris. Por ejemplo, el titular de este organismo denunció cómo se trató de crear un esquema para crear un falso monopolio en las pruebas de medicamentos, específicamente en los genéricos.
Esta red pretendió monopolizar la investigación de producción de medicamentos genéricos y “cerrar las puertas a muchos para beneficiar a pocos, a través de una sobre regulación por un lado y facilitaciones por el otro”, lo cual devino en el retraso de solicitudes de competidores de la empresa beneficiada.
Ante estas prácticas, Alejandro Svach denunció públicamente el hallazgo, emprendió un proceso de reevaluación inmediata para las empresas afectadas, que desde 2004 que fueron injustamente sobre reguladas, determinó que se tomarán las medidas jurídicas contra las personas responsables al interior y exterior de la Cofepris.
Además, se han fortalecido diversas medidas para combatir la corrupción en Cofepris, como la elaboración de la lista de distribuidores irregulares, la verificación de empresas que venden medicamentos, la imposición de sanciones ejemplares para evitar la repetición y la elaboración de guía de requisitos que deben cumplir las empresas.
Durante la conferencia de prensa del Presidente, Svarch Pérez explicó que las irregularidades fueron denunciadas públicamente y de forma privada a las empresas involucradas, las cuales también fueron informadas sobre las medidas de regulación que se tomarían a partir de la detección de esta mala operación.
“Es un esquema histórico que intentó establecer un falso monopolio en las pruebas de medicamentos, particularmente de los genéricos, que generó incluso una disrupción en el mercado regional de los mismos”, dijo.
“Es que a lo largo de casi 20 años se pretendía establecer un falso monopolio en los laboratorios de intercambiabilidad, mejor conocidos como terceros autorizados, frenando importantemente la diversidad de investigación, y por lo tanto, la producción de medicamentos genéricos en nuestro país”, agregó.
El funcionario aclaró que no nombraría a las empresas ni a las personas involucradas en la trama para no vulnerar el debido proceso ante el órgano interno de control, pero explicó que es una “red histórica, pero silente que buscaba monopolizar la investigación de la producción de medicamentos genéricos”.
“Este ilícito mecanismo buscaba cerrar la puerta a muchos para beneficiar a pocos, a través de una sobrerregulación, por un lado, y facilitaciones, por el otro. Esto no sólo buscaba agilizar las empresas, sino que procuraba crear un falso monopolio para retrasar solicitudes de sus competidores. Esto, en consecuencia, inexorablemente, generaba menos acceso a medicamentos en nuestro país, y por ende, mayores precios”, sostuvo.
“Al ser un único laboratorio autorizado para la investigación de genéricos, estos podían elevar los precios de los medicamentos, muy por encima de los costos de operación, o muy por encima de los límites razonables de ganancia”, explayó.
Asimismo, destacó que la Cofepris ha sido transparente en el proceso, y mencionó las tres acciones que ha emprendido el organismo ante el hallazgo: la transparencia con las denuncias, la reevaluación de las afectaciones, y las medidas jurídicas.
“Somos transparentes sobre la problemática, por lo que se denunció públicamente y privada a las empresas involucradas sobre las medidas regulatorias que se tomarían; […] se emprendió un proceso de reevaluación inmediata para todas las empresas que podrían verse afectadas; […] presentamos medidas jurídicas y las denuncias correspondientes contra las personas que sean responsables, dentro y fuera de Cofepris”, indicó.
“Lo que se construyó en 20 años, lo vamos a destruir en menos de una semana, y eso será en beneficio de la población”, concluyó.
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