Sabadazo a favor de 8 militares busca desprestigiar al Ejército
El gobierno federal alertó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que “se venía venir” la liberación de ocho militares acusados del caso Ayotzinapa, y aun así se dio el sabadazo porque “quieren desprestigiar al Ejército y perjudicarme a mí”, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Interrogado sobre el cambio en las medidas cautelares en favor de los soldados implicados en la desaparición de los 43 normalistas, que podrán seguir su proceso en libertad, el mandatario también rechazó los señalamientos del ex subsecretario de Derechos Humanos y ex presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para este caso, Alejandro Encinas, que lamentó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional “litiguen contra la investigación que encabezó el presidente de México”.
El jefe del Ejecutivo planteó: “No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas. Lo que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”.
Ante la pregunta que el fiscal para el caso, Rosendo Gómez Piedra, no impugnó la decisión de un tribunal colegiado que otorgó un amparo a los militares, el mandatario replicó:
“Es lo que siempre dicen. ¿Cómo liberan a delincuentes, cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones. Como si fuera un asunto como cualquier otro, un asunto mercantil, éste es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento”.
López Obrador reveló que hace 15 días la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió una carta de la ministra Piña, “advirtiéndole sobre este asunto, y como si le hubiéramos dicho libérenlos. Ya veíamos venir igual que la liberación del ex procurador (Jesús Murillo Karam)”.
Y subrayó que pedirá a la secretaria que esta misma tarde dé a conocer el contenido de esa comunicación.
El tabasqueño refirió que con este tipo de acciones buscan dos cosas: “Una, el desprestigio al Ejército, ¿por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quiero entender los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida; y lo segundo, hacerme quedar mal, pero yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo”.
La Secretaría de Gobernación (SG), a través de su titular Luisa María Alcalde, alertó del riesgo que implicaría dejar en libertad condicional a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues podrían incluso huir del país.
De ahí que solicitó al Poder Judicial velar por el estado de derecho y garantizar los derechos humanos de las víctimas sancionado a los responsables, para “no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia dio conocer casi al medio día de este martes el oficio que se hizo llegar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la que se detalla que hay una medida judicial que apuntaba a la liberación de los soldados implicados, y se le hacía ver que se trataba de un asunto de “la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos” cometidas contra los estudiantes desaparecidos de manera forzada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La secretaria Luisa María Alcalde señaló en ese documento, con fecha del 12 de diciembre pasado, que el 30 de noviembre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México integrado por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente), determinó que “era fundado” el agravio aducido por los ocho militares inculpados en contra de su detención por el proceso abierto por los crímenes del caso Ayotzinapa, la cual fue decretada por el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Los magistrados, se le hace ver a Piña, determinaron modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emitiera una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa contra el subteniente Omar Torres Marquillo; los sargentos Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas y Gustavo Rodríguez de la Cruz; los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.
En la misiva, la funcionaria federal advirtió: “Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país.
“Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan”.
Ante ello, Alcalde expresó en ese momento la confianza del gobierno federal para que el Poder Judicial de la Federación velara por el estado de derecho, garantizara los derechos humanos de las víctimas y sancionara a los responsables “a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
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