El ex senador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury abandonó anoche el Reclusorio Norte y enfrentará en libertad el proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, por el caso Odebrecht.
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó con base en una denuncia presentada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien lo acusó de haber entregado sobornos millonarios a legisladores de diversos partidos para que aprobaran la reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013.
Lavalle quien fue detenido desde abril del año pasado y desde entonces permanecía preso en el Reclusorio Norte, fue señalado de haber recibido dinero proveniente de la empresa Odebrecht y que Lozoya le habría hecho llegar para que sobornara a los legisladores.
Luego de varios recursos legales en los que solicitó que se le permitiera enfrentar su juicio en libertad, hasta el pasado martes el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, con sede en el Reclusorio Norte, concedió el cambio de medida cautelar y al filo de las 21:40 horas de este viernes, se le colocó el brazalete de geolocalización, con lo cual se supervisará que no se evada de la justicia, ya que los delitos que se le imputan no están tipificados como graves y a los deba aplicarse prisión preventiva oficiosa.
En una audiencia realizada martes y que se realizó sin trascender a los medios de comunicación, el impartidor de justicia rechazó los argumentos de los agentes del Ministerio Público que sostenían que el panista y ex legislador debía permanecer en prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga, modificó su criterio y concedió la medida cautelar, por lo que también está impedido de viajar al extranjero y debe acudir mensualmente a firmar el libro de procesados ante la unidad de medidas cautelares.
La acusación formulada por la PGR en contra de Lavalle Maury estima que el ex legislador debe recibir una sentencia de entre 12 y 39 años de prisión y pagar más de 97 millones de pesos por multas y reparación del daño por las acciones realizadas para que se aprobara la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Una de las condiciones del juez fue que el exsenador deberá portar un brazalete electrónico en todo momento durante su proceso legal. De igual forma, entregó su pasaporte para garantizar que no abandonará el país y deberá presentarse cada 15 días ante el centro de justicia a firmar su asistencia.
El pasado 14 de septiembre, un juez federal le otorgó la prisión domiciliaria a Lavalle Maury, quien enfrenta delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el caso Odebrecht.
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien concedió modificar la medida cautelar de Lavalle luego de que sus abogados argumentaran que su cliente tiene problemas de salud crónicos.
Desde el año pasado, el exsenador panista buscaba enfrentar su proceso en libertad, no obstante, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa de otorgar la suspensión provisional a Lavalle, por lo que tuvo que permanecer en prisión.
Jorge Luis Lavalle Maury era el único político preso por este caso después de que el 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicano (Pemex), asegurara en sus testimonios que Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.
El dinero que habría recibido el exlegislador, según el director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue triangulado a través de diversas compañías, junto a otros senadores del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la aprobación de la Reforma Energética.
Los señalamientos de Lozoya implican a varios políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya.
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