Samuel García desvió 7 mil 200 mdp del gobierno de NL
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos en el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, mediante operaciones con empresas proveedoras cuyos movimientos financieros habrían terminado en un despacho jurídico relacionado con el mandatario y su familia.
De acuerdo con información presentada por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, durante la revisión de la Cuenta Pública 2025 se identificaron transferencias por más de 7 mil 200 mdp desde el gobierno estatal hacia distintas empresas, que posteriormente realizaron movimientos entre compañías y particulares. De esas operaciones, al menos 728.13 millones de pesos habrían llegado al despacho jurídico vinculado con la familia García, según el desglose difundido por medios nacionales.
Uno de los movimientos de mayor cuantía involucra a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno estatal y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, desde la cual se canalizaron 385.3 millones al despacho jurídico. Otras rutas incluyeron transferencias desde comercializadoras, empresas de servicios y compañías de equipamiento. La investigación también contempla operaciones inmobiliarias por más de mil millones de pesos relacionadas con un funcionario cuya identidad no fue revelada públicamente.
Los hallazgos guardan coincidencias con investigaciones periodísticas que desde 2024 documentaron transferencias de empresas contratistas del gobierno de Nuevo León hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro.
El titular de la ASF explicó que el organismo tiene identificadas las rutas del dinero y los patrones de las operaciones, entre ellos posibles mecanismos de simulación y dispersión de recursos públicos. Sin embargo, señaló que deben respetarse los procedimientos legales y concluirse los cálculos para determinar el posible daño al erario y las responsabilidades correspondientes.
La ASF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 16 de octubre, relacionada con las operaciones bajo investigación en Nuevo León. La denuncia forma parte de las acciones legales para esclarecer el destino de los recursos y determinar si existieron delitos.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el pasado 12 de junio del presente año el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García, por presuntos actos de corrupción y triangulación por alrededor de mil millones de pesos en recursos públicos a empresas relacionadas con el mandatario estatal, situación jurídica estancada por el propio gobernador tras haber conseguido un amparo.
Por lo que miembros del colectivo Grupo de las 6, denunciaron ante el Tribunal de Disciplina Judicial a la jueza Tania Virginia Neri Borjas, señalada de amparar al gobernador, Samuel García Sepúlveda, en contra del juicio político que aprobó meses antes el Legislativo nuevoleonés.
A través de redes sociales de la asociación, Rebeca Clouthier, quien es una de las integrantes y familiar de la exaspirante morenista a la gubernatura de Nuevo León, Tatiana Clouthier, señaló los puntos por los cuales se determinaron estas acciones legales contra la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa del Judicial nuevoleonés.
“El Grupo de las 6 informa que el pasado 7 de agosto de 2026 interpusimos formalmente una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial en contra la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa, Tania Virginia Neri Borjas por los actos relacionados con el amparo en términos de fast track que concedió al gobernador García Sepúlveda.
“Dicho amparo tiene el efecto de impedir que avance y se resuelva el juicio político que se tramita en el Congreso del Estado en su contra. Esta resolución judicial en los términos en los que fue otorgada genera una grave preocupación sobre la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial”, destacó en su video, en dónde, además, se muestran imágenes de los documentos oficiales del proceso de amparo.
“Hacemos constar que esta jueza fue seleccionada en el proceso judicial estatal reciente y que su nombramiento contó con el impulso del gobernador Samuel García y de su partido Movimiento Ciudadano. Consideramos que esta circunstancia sumada a la celeridad y al sentido de la resolución que ahora beneficia directamente al Ejecutivo Estatal configura un posible conflicto de interés y un acto que puede interpretarse como el pago de favores políticos”, expresó Clouthier.
Esta web usa cookies.