La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que pese al recorte a su presupuesto debe cumplir con la realización de la consulta sobre revocación de mandato o de lo contrario los consejeros pueden incurrir incluso en responsabilidades penales.
El órgano electoral promovió la semana pasada la controversia 208/2021 contra el ajuste a su presupuesto de 2022. Este juicio fue admitido a trámite; sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas les negó la suspensión del acto reclamado, en lo que hace a cualquier posible suspensión de la consulta sobre revocación de mandato, por falta de recursos.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, señala el acuerdo del ministro Franco.
Dicho artículo transitorio de la LFRM advierte que el INE debe hacer “los ajustes presupuestales que fueren necesarios” para la realización de la consulta.
El INE denuncia en su demanda el recorte de 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto para el año próximo que, afirma, le impediría cumplir con la consulta, programada para el 10 de abril.
Sostiene que dicho ejercicio democrático requiere 3 mil 830 millones de pesos.
Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México.
Controversia pendiente
En otra parte del acuerdo del ministro Franco sí se otorga al INE la suspensión provisional pero únicamente en cuanto hace al tema de los salarios, por lo cual sus consejeros y altos funcionarios podrán seguir ganando más que el Presidente de la República, por lo menos hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de esta controversia constitucional.
“Es procedente la suspensión respecto a la forma en cómo se deben calcular las remuneraciones y demás prestaciones de los servidores del Instituto Nacional Electoral”, señala el acuerdo.
Así, recapitulando, el ministro Franco González Salas determinó que el INE debe atender la realización de la consulta de revocación de mandato con el presupuesto que le asignó el Congreso de la Unión para el siguiente año, de lo contrario caería en responsabilidades penales por no cumplir el mandato.
Hace una semana, el INE interpuso una controversia constitucional ante el máximo tribunal del país en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que le recortó 4,913 millones de pesos de lo que había solicitado.
Los consejeros electorales señalaron que una reducción de estas proporciones impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de la consulta de revocación de mandato que, en caso de ser solicitada por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al INE y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, determinó el ministro.
La semana pasada, el INE informó que como resultado de diversos ajustes en su presupuesto logró reasignar 1,503 millones de pesos para el proceso de revocación, no obstante, tiene un boquete de 2,554 millones de pesos para organizar este proceso.
Sin embargo, la decisión de la Corte al respecto de esta controversia aún no está definida pues falta su análisis de fondo, lo cual podría llevar algunos meses, es decir, hasta principios del año que viene.
El INE ha dicho que si no se asigna el presupuesto adecuado, no llevará a cabo la consulta de revocación en abril, como lo estipula la Constitución.
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