El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera etapa del Plan B.
El INE denuncia la posible invasión de sus facultades legales. Además de la controversia el organismo electoral también promovió una acción de inconstitucionalidad contra las mismas reformas, pero en ese juicio combate la presunta violación a principios de la carta magna.
“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señala el acuerdo del ministro Pérez, donde admitió a trámite la denuncia del INE.
La SCJN también admitió a trámite la controversia que, por las mismas reformas, interpuso el municipio de Chihuahua, Chihuahua, aunque decidió no otorgar la suspensión que el ayuntamiento solicitó.
Esta es la primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, de un total de 125 similares que gobiernos estatales y municipales han presentado ante la SCJN.
Doble discurso. La dirigencia del PAN se dio cita frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia para impugnar el Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la imagen muy orgulloso se ve a Santiago Creel, quien retrasó siete días la entrega de la iniciativa porque de forma mezquina y politiquera no firmó el documento.
“Creel atrasó el plan B y culparon al Presidente”
La promulgación de la reforma electoral contenida en el llamado plan B del Ejecutivo federal se retrasó porque el titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), se tardó siete días en firmar el proyecto de decreto respectivo, mientras los integrantes de su partido y los demás del bloque opositor responsabilizaban al presidente Andrés Manuel López Obrador.
De hecho, Creel lo firmó hasta ayer y lo envió al Presidente para su publicación, después de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, le pidió que concluyera el trámite, porque el Senado le mandó la documentación el miércoles mismo en que la minuta con el cambio a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y de Partidos Políticos, así como la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Medios de Impugnación fue aprobada en esa Cámara.
La ex presidenta del Senado Mónica Fernández Balboa (Morena) deploró que Creel incurra en “politiquerías”, en lugar de ponerse a trabajar en lo que le corresponde. Destacó que los del bloque opositor “estuvieron dando de gritos, inventando que había una táctica dilatoria para no aprobar el plan B e impedirles ir a la Corte, cuando en realidad quien retrasó la promulgación de la reforma fue Creel. “¿Quién está haciendo una táctica dilatoria? El mismo que avaló todo el proceso legislativo de diciembre en la Cámara de Diputados”, señaló.
Poco después de la denuncia que formuló Monreal, Creel dio una conferencia de prensa en la que aseguró que firmó y envió hasta ayer al Ejecutivo el proyecto de decreto de la reforma electoral porque, además de la cláusula de la vida eterna, el Senado “se comió varios párrafos” del texto.
Sostuvo que el cotejo de las minutas empezó el jueves, y la mesa directiva detectó que, por un error de técnica legislativa, posiblemente involuntario, los senadores “se llevaron varios párrafos que la Cámara de Diputados no había suprimido”, y que debían formar parte de la reforma.
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