El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en desacuerdo con que se arme a los niños, al aludir a que en Guanajuato se está recurriendo a esa práctica.
Dijo que “eso lo hacen en otros países. Nosotros no debemos de copiar eso”, subrayó.
Sobre la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, el mandatario apuntó que se dejará que el gobierno capitalino informe al respecto.
López Obrador señaló lo anterior en su conferencia matutina que en esta ocasión fue breve dado que tiene programa una gira para supervisar plantas productoras de fertilizantes.
Cabe recordar que alumnos (todos ellos menores de edad) de la secundaria Técnica 54 de Purísima del Rincón, Guanajuato, fueron adiestrados en el manejo de armas por la irresponsable Policía de aquel municipio.
Las imágenes dejan helado a cualquiera, ya que en el patio de la escuela secundaria Técnica 54 Mariano Matamoros de Purísima del Rincón, policías municipales que llevaban la consigna de impartir pláticas sobre prevención de las adicciones y la violencia como parte del programa Planet Youth importado por el Gobierno del estado desde Islandia, acabaron poniendo en las manos de alumnas y alumnos del turno vespertino varias armas, cortas y de alto poder, y prácticamente adiestrándoles sobre su manejo.
Esto ocurrió con la autorización de la máxima autoridad de la escuela, el coordinador Jaime Ventura, en la tarde del jueves 7 de julio. También estaban presentes personal de Protección Civil y de Tránsito Municipal, quienes observaron estas escenas que han detonado la alarma, preocupación e indignación de madres y padres de familia de los estudiantes de esta escuela, así como de organizaciones defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que ya exigen investigar y sancionar lo ocurrido.
Las fotografías muestran a un nutrido grupo de alumnos y alumnas, con su uniforme escolar, en la cancha de la escuela. Una adolescente empuña una pistola, rodeada de compañeras y compañeros, mientras un policía uniformado levanta el brazo y apunta por arriba del arma, aparentemente haciendo alguna indicación a la persona menor de edad.
En otra imagen hay un adolescente que sostiene un arma larga, también en aparente indagación sobre cómo hacerla funcionar. Vestido con su uniforme escolar como el resto de sus compañeros allí reunidos, el estudiante es observado por agentes de Tránsito Municipal a una corta distancia.
Padres y madres de familia que denunciaron lo ocurrido dijeron no haber sido informados previamente por las autoridades de la escuela sobre la visita de los elementos de estas corporaciones del Gobierno municipal de Purísima, que encabeza el panista Roberto García Urbano, y mucho menos en qué consistirían “las pláticas”.
El alcalde García Urbano, exdirectivo municipal de su partido, fungió anteriormente como director del Centro de atención contra la violencia intrafamiliar del DIF en Purísima.
Desde el año pasado, al menos vente gobiernos municipales -entre ellos el de Purísima del Rincón- se integraron formalmente a la estrategia denominada Planet Youth, el modelo islandés para prevenir y atender las adicciones en niñas, niños y jóvenes cuya importación fue iniciativa del secretario de Salud Daniel Díaz Martínez y del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
En diciembre, los 46 alcaldes firmaron la adhesión para formar parte, a partir de este año, de la estrategia, que pretende disminuir en cinco años en un 30 por ciento el consumo de drogas en esta población, en un estado que está en los primeros lugares de denuncias por narcomenudeo en el país.
“Esto es un hecho aberrante en todo lo que significa… viola el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia”, dijo Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. “Imponer a un niño armas propias de personas adultas, en un país en violencia, en un estado que los últimos cinco años ha ocupado los primeros sitios de homicidio precisamente por arma de fuego, es absolutamente inaceptable”.
Pérez García sugirió a madres y padres presentar denuncias administrativas y penales por el riesgo en el que se puso a sus hijos.
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