Se reunirá Sheinbaum con acreedores de Salinas Pliego
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su decisión de reunirse la próxima semana con los integrantes de la empresa que promueve un juicio en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, en un juzgado en Nueva York, obedece principalmente a que en este proceso se involucra al Estado mexicano como parte del arbitraje.
A pregunta expresa sobre la situación legal del empresario, comentó que en el caso específico del juicio en Estados Unidos, el involucramiento del Estado mexicano tiene que ver con que de alguna manera el caso está asociado con las reglas que rigen al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
No obstante, puntualizó que los procesos legales en México y Estados Unidos son totalmente independientes, por lo que los juicios que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o están por llegar a esa instancia, tienen su propia ruta.
Reiteró que en su conjunto, estos largos litigios que el propietario de Grupo Salinas ha promovido representan un adeudo de 45 mil millones de pesos.
Sin embargo, insistió en que si existe disposición del deudor, como en cualquier otro caso, de liquidar lo que debe, puede acceder al beneficio de reducir las multas y los recargos correspondientes.
El juez Miguel Ángel Robles Villegas, señalado de haber favorecido a las empresas de Grupo Salinas, perdió su puesto en la pasada elección judicial, por lo que quedó sin efecto el acuerdo plenario que lo blindaba para mantenerse en el cargo por un periodo adicional de seis años.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) señaló a La Jornada que Robles Villegas ya no se encuentra activo.
Testimonios señalan que el ex juzgador dejó su cargo el 29 de agosto pasado tras solicitar una licencia prejubilatoria al extinto pleno del Consejo de la Judicatura.
Ayer, este medio publicó que el ex Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo para ratificarlo como titular del juzgado sexagésimo tercero civil de la Ciudad de México a partir del primero de octubre de este año, donde se emitieron resoluciones a favor de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
Entre ellas la determinación de que la pandemia de covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía al empresario cumplir con el pago de intereses relacionados con una emisión de bonos en Estados Unidos.
Consultada al respecto, la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez explicó que Miguel Ángel Robles Villegas laboró en el juzgado 63 civil, que se extinguió, y posteriormente fue asignado a un juzgado de oralidad mercantil.
Señaló desconocer su forma de trabajo y aclaró que sólo convivieron porque ella es directora del equipo de fútbol de jueces y magistrados “y él era uno de mis jugadores”.
En otro tema, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México mantiene en opacidad los nombres y las indemnizaciones que se otorgaron a los juzgadores que renunciaron a sus cargos o que no ganaron sus puestos durante la elección judicial de julio pasado.
Justificaron que la reforma a la Ley del Poder Judicial eliminó la oficialía mayor, donde se administraba la información correspondiente, por lo que existe “una imposibilidad material jurídica” para responder a la solicitud de información hecha vía la Plataforma Nacional de Transparencia.
El TSJ se apegó a la reciente reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Ciudad de México, que otorga un plazo de 180 días naturales para la transición de las nuevas áreas del Poder Judicial, por lo que la información podrá transparentarse hasta marzo del próximo año.
“Derivado del cambio en la estructura orgánica originada por la reforma al artículo 122, apartado A, de la Constitución, se extingue la oficialía mayor, misma que tenía a su cargo la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.
“Se contará con 180 días naturales para realizar la transición, en ese sentido se encuentra con una imposibilidad jurídica para contestar la solicitud”, indicaron.
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