Sheinbaum: Ministros renuncian para garantizar jugoso retiro
Ante la posible renuncia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quitando así también su facultad de participar en la elección judicial del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con esta dimisión buscan irse “con todos sus haberes de retiro”.
En su conferencia mañanera de Palacio Nacional criticó que la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara para que los ministros sí sean electos por voto popular y no jueces y magistrados, para que de esta manera las y los ministros puedan llevarse su retiro.
Señaló que se trata de una iniciativa inconstitucional, alegando que “lo saben, son doctores en derecho, no tienen las atribuciones para legislar, y lo saben”, reiteró. No obstante, pidió esperar a ver el resultado del voto de las y los ministros.
“Y sobre la renuncia, ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan ministros, pero no magistrados y jueces, ¿por qué presentan su renuncia y esa parte no la quitan de su ‘Constitución’? Es que si la presentan se van a ir con todos sus haberes de retiro, a ver, ese retiro es todo lo que se llevan cuando se retiran de la Corte, es un porcentaje muy importante de lo que ganan”, señaló.
Reiteró que la renuncia es únicamente para poderse llevar su retiro, pero cuestionó que los ocho ministros voten a favor de “algo que ellos saben que no es correcto”.
En este sentido, Sheinbaum Pardo cuestionó que la Suprema Corte “no alzó la voz cuando se modificó la Constitución en el periodo neoliberal”.
“La constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones y en todo el periodo neoliberal la reforma fue en contra del pueblo, las privatizaciones y muchas otras que nunca cuestionó la Corte, el propio Zedillo propuso que desapareciera la antigua corte y una nueva nombrada por él, bueno, por el Senado”, afirmó.
“Los ministros que presentan su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro, si no presentan su renuncia no tendrían los haberes, que es un montón de dinero”, destacó la Presidencia en su conferencia matutina.
Agregó que presentan su renuncia porque la propia reforma dice que si la presentan se llevan los haberes. “Ese es el marco en que se está dando sus renuncias”.
La tarde del lunes se difundió que siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentarán este martes su renuncia como miembros del Máximo Tribunal del país, la cual se hará efectiva en agosto de 2025. Esta decisión, que se prevé se haga oficial este 29 de octubre, les permitirá acceder a un “haber de retiro” vitalicio, tal como lo establece la Ley.
Los ministros que renunciarían a su cargo son Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia presidenta Norma Piña Hernández.
En tanto, las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres se mantendrán en su cargo por ahora. En el caso del Ministro Luis María Aguilar Morales, este concluirá su encargo de 15 años de servicio el próximo 30 de noviembre.
“Están declinando a participar, de cualquier manera, permanecerán en el cargo hasta agosto de 2025, salvo una excepción que es un mandato que culmina en breve, el 30 de noviembre para ser preciso”, escribió ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
El ministro José Luis González Alcántara Carrancá presentó una acción de inconstitucionalidad a la Reforma Judicial que busca eliminar de la Reforma la elección popular de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, manteniendo la elección de ministros y magistrados electorales, esto como resultado de los amparos promovidos por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como diversos legisladores pertenecientes a Congresos Estatales.
El proyecto presentado este 28 de octubre mantiene la elección mediante voto popular de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y magistradas de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
El proyecto también señala que “es infundado” el planteamiento relativo al establecimiento de un tope máximo salarial de las personas juzgadoras del Poder Judicial debido a que, de acuerdo con el proyecto, si bien el Artículo 127 constitucional establece que no pueden ganar más que la Presidenta de la República “resultar omisa en el establecimiento de parámetros objetivos y específicos que permitieran establecer el salario del titular del Poder Ejecutivo de la Federación”.
En este sentido, el documento presentado por el ministro Alcántara Carrancá solicita al Poder Legislativo que emita una regulación que permita calcular “de forma objetiva y completa” la remuneración de los jueces, ministros y magistrados.
El proyecto del Ministro también cuestiona la figura de jueces sin identidad en los casos de delincuencia organizada, la cual es utilizada como mecanismo de seguridad para las personas juzgadoras. Sin embargo, el proyecto establece que se podría tratar también de una facultad que podría transgredir los derechos de las personas imputadas, en contraposición con lo establecido por el derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
En ese sentido, el proyecto en cuestión establece cuatro puntos que se contraponen con derechos ya establecidos, como los son el derecho a la presunción de inocencia, en el sentido en que el imputado conozca a la persona que intervenga en su caso; el derecho a una defensa justa, puesto que el anonimato puede ocultar la idoneidad o conflictos de interés que puedan existir en diversos casos; así como cuestiones relacionadas con la transparencia y legitimidad procesal de la administración de justicia.
Así como con el salario, el proyecto también considera como “infundada” la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, ya que estos tienen “sustento legal”, además, apunta que esta orden representa “una merma a la autonomía presupuestaria y financiera de la judicatura y a su autonomía de gestión presupuestaria y administrativa”.
El ministro González Alcántara Carrancá es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Finanzas Públicas, es maestro en Relaciones Internacionales y en Derecho Civil.
El jurista fue nominado en 2018 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un lugar en la Suprema Corte, su nombramiento fue avalado por el Senado de la República y ocupó el lugar de José Ramón Cossío Díaz.
En 2023, López Obrador cuestionó al ministro luego de que este marchó contra la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial, dinero que tenía el objetivo de ser utilizado para apoyar a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.
“Marchó un ministro que gana 700 mil pesos mensuales, le debería dar vergüenza. Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos”, apuntó el entonces presidente.
En diciembre del 2023 la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, organizó una reunión con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Alejandro Moreno, la cual tuvo como sede la casa del ministro González Alcántara Carrancá.
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