Después de una larga espera para entrar al Campo Militar número uno, finalmente esta mañana, poco después de la 10:30 llegaron sobrevivientes y familiares de víctimas de la llamada guerra sucia, entre un cúmulo de emociones, sobre todo nerviosismo por regresar a donde décadas atrás fueron detenidos ilegalmente y torturados y para otros, fue el último lugar donde saben que estuvo su ser querido.
Los sobrevivientes y familiares, unos 60, fueron trasladados hasta la puerta 8 bis del Campo Militar, en siete camionetas tipo van, color blanco. Acompañados de otros tres autos, en el que iba personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), así como de la Secretaría de Gobernación.
Aunque se tenía programado que arribaran alrededor de las 9 de la mañana, fue hasta las 10:35 que llegó la comitiva y poco antes de las 11 ingresaron al Campo, ubicado en Naucalpan, Estado de México.
Previamente los militares que resguardaban el ingreso de automóviles, les pidieron identificarse, por lo cual mostraron las listas con los nombres de los que acudían en cada una de las camionetas.
Al ver que ya era tarde, se decidió darles el paso, con la verificación previa de las matrículas de los autos que entraron, para después confirmar que las personas que estaban registradas sí coincidieran con las que venían en las camionetas.
Los familiares de víctimas entraron al Campo Militar portando las imágenes de sus seres queridos. Pequeñas fotografías en blanco y negro sujetas por un listón que se colgaron al cuello. Entre ellas estaba Mara Navarro, hija de Jorge Varela y Olga Navarro, quienes el 7 de noviembre de 1977 la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca detuvieron y desaparecieron a su madre enfermera y a su padre, ingeniero y militante de la Liga Comunista 23 de septiembre.
La comitiva estuvo encabezada también por los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, David Fernández Dávalos y Abel Barrera.
Así inician las inspecciones como parte de los trabajos de la citada Comisión, los cuales concluyen el jueves próximo. Para ello se han definido siete sitios prioritarios a inspeccionar: el Batallón de Fusileros Paracaidistas, la Puerta Ocho, el Segundo Batallón de Infantería, las sedes de las brigadas uno y dos de la policía militar (que muchos identifican como un centro ilegal de detención, con sus celdas y sus salas de tortura). También hay quienes han mencionado las caballerizas o alguna estructura cercana.
Micaela Cabañas Ayala, de pie y con el puño en alto, hija del legendario guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
Está, además, lo que fue la sede de la Brigada Especial Antiguerrilla (BEA) que fusionó comandos de varias corporaciones militares y policiacas y que adoptó el nombre de Brigada Blanca. La comandaron Miguel Nazar Haro y el entonces coronel Francisco Quiroz Hermosillo, ejecutor de “los vuelos de la muerte”.
Los sobrevivientes y familiares prefirieron no emitir comentarios a su llegada. Se espera que la inspección termine alrededor de las siete de la tarde y de ahí regresen a su hotel, para más tarde sostener reuniones de balance.
Así, el Campo Militar Número Uno de la Sedena, identificado como prisión clandestina y centro de torturas contra disidentes, abrió sus puertas este martes a medio centenar de sobrevivientes y familiares de asesinados y desaparecidos en la guerra sucia del Estado contra los movimientos insurgentes, un acontecimiento histórico impulsado por la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de hechos entre 1965 y 1990.
Entre los integrantes de la misión de reconocimiento de la prisión militar, que fue sede también de la siniestra Brigada Blanca, se encuentran Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas Barrientos, el fundador del Partido de los Pobres que fue asesinado hace 48 años, y Rafael Ramos Eusebio, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fundada hace 49 años, dos de los principales grupos guerrilleros de México.
Siendo una niña, Micaela Cabañas estuvo presa en el Campo Militar Número Uno junto con su madre, quien fue torturada por el General Mario Arturo Acosta Chaparro y violada por el exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa Figueroa, como denunció en el programa Los Periodistas, el 22 de junio:
“Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada […] Quiero decirles también que yo llegué aquí de dos meses y en algún lugar de este edificio yo aprendí a caminar, aprendí a correr y a decir mis primeras palabras. En este lugar y con el cobijo de mi madre y de toda la familia Cabañas que aquí nos encontrábamos en la clandestinidad, porque así lo dijeron el gobierno de ese entonces, sufrimos tortura, tortura física, moral y sicológica, y muchas otras violaciones, incluida la sexual, puesto que mi madre salió de aquí embarazada del gobernador de ese entonces del estado de Guerrero”.
Micaela Cabañas también reveló que ella misma fue torturada por Miguel Nazar Haro, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, quien la tomó de los pies y le colocó una pistola en la cabeza. Su madre fue asesinada en julio de 2011, en Guerrero, crimen que sigue impune.
A casi medio siglo de la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el 15 de marzo de 1973, y del asesinato de Lucio Cabañas, el 2 de diciembre de 2974, por primera vez los sobrevivientes de la guerrilla y familiares de caídos y desaparecidos ingresaron a las instalaciones militares del Campo Militar Número Uno, como lo harán con otras instalaciones militares.
Entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión se encuentran Reyna García y Laura Gaytán, del Comité Eureka, y Enrique Téllez Pacheco, integrante del Comando Armado del Pueblo (C.A.P.), capturado en 1971.
Apenas el mes pasado, el 7 de agosto, cinco amigos del Museo Casa de la Memoria Indómita, que fundó Rosario Ibarra de Piedra, entraron al Campo Militar Número Uno como parte de una “rodada” convocada por la Sedena.
Los jóvenes portaban camisetas de color verde fluorescente, que tenían impresas las frases de lucha de la organización y que también corearon: “Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Eureka!”.
Pero el primer ingreso formal, este martes, a lo que sigue siendo prisión militar tienen un enorme significado en los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990, creada por decreto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que, el 22 de junio, los familiares de las víctimas de la represión participaron en una ceremonia en ese lugar, donde también protestaron porque el General Luis Crescencio Sandoval, informó que se inscribirán los nombres de militares fallecidos junto a los de éstas.
“Nosotros esperábamos recorrer ese lugar, esperábamos entrar y la verdad yo esperaba como lloraba cuando era niña, regresar a mi casa. Quería saber dónde había estado mi madre. Quería recordar algo. Yo me sentía muy desencajada, pero me sentí más ofendida cuando al General se le ocurre decir que entre los asistentes están los familiares de los que acribillaron al pueblo […] Nosotros fuimos los agraviados porque fuimos la población civil”, expresó Micaela sobre el discurso de Sandoval.
Carlos Pérez Ricart, integrante de la COVeH, escribió en SinEmbargo que el Campo Militar Número Uno fue uno de los centros clave de la represión del régimen autoritario. El primer registro que se tiene del sitio como espacio de desaparición de civiles data de 1952, año en el que comenzó a ser utilizado como centro clandestino de cremación y una década más tarde, en 1964, fue construida la prisión militar del Campo.
“En la prisión militar, todavía en uso, se establecieron —si hacemos caso a decenas de testimonios y a múltiples fuentes documentales— cárceles clandestinas en las que se detuvo, torturó y desapareció a una cantidad todavía no determinada de personas. Por la prisión militar —y probablemente por otros lugares en el Campo todavía no identificados— pasaron, entre otras, comunidades de víctimas, dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, heridos del Halconazo de 1971, personas vinculadas con grupos guerrilleros, así como víctimas de la Brigada Blanca —el grupo policiaco-paramilitar responsable de cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron desde mediados de la década de los setenta hasta principios de los ochenta”.
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la guerra sucia harán otras visitas al Campo Militar Número Uno, pero también ingresarán en otras instalaciones castrenses, informa Pérez Ricart, como la base naval de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, “sitio desde el cual, según testimonios cruzados, despegaban los vuelos de la muerte en los que —amarrados en costales con piedras— se lanzaba a opositores del régimen al mar”.
Pero el ingreso de sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia a la prisión militar, ubicada en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, también está marcado por el escepticismo, como lo manifestaron en la ceremonia del 22 de junio con pancartas: “¡Si no entra la justicia, de nada sirve entrar!”
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