Hasta hoy, víspera del inicio de las campañas electorales, 12 candidatos han solicitado protección federal para los eventos masivos y recorridos que harán por el país y sus entidades, informó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien decretó un receso de una hora para concluir los proyectos de registro de candidaturas, debido a la “carga de trabajo de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos”.
Al actualizar la lista de los aspirantes que han pedido la seguridad que establecieron en los protocolos, comentó que las juntas locales y los organismos públicos locales electorales (OPLES) también han recibido sus respectivas solicitudes.
Taddei aseguró que la ciudadanía tendrá “ofertas políticas para escoger el día de la jornada electoral” e hizo un exhorto a partidos políticos y servidores públicos a que se apeguen a la ley “con el respeto que se merecen los adversarios entre ellos mismos, y que demos una campaña de altura”.
Entrevistada en el receso de la sesión, pidió a las fuerzas políticas que den propuestas que convenza a la ciudadanía, “precisas, claras, que atraigan la participación ciudadana, y eleven la participación ciudadana”.
A los servidores públicos demandó “que se mantengan en el margen de lo que establece la ley. Hemos sido muy puntuales en estar dando cursos de capacitación, pláticas, conferencias, talleres, sobre qué debe hacer y qué no debe hacer un servidor público, y lo que garantiza su distancia en el proceso electoral”
Luego de que por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le iba a preguntar al INE qué sí y qué no podía hacer, la consejera presidenta apuntó que al igual que todos los servidores públicos, el gobierno federal ha sido parte de los cursos de capacitación. “Quizá si tenemos que enviar, con mucho gusto lo hacemos las veces que sean necesarias, a quien lo solicite”.
Costo electoral ascenderá a 66 mil mdp
Por las dimensiones de los cargos en juego, los comicios de junio serán una verdadera disputa por la nación: la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados en el plano federal; nueve gubernaturas, todos los congresos estatales, a excepción de Coahuila, y las presidencias municipales, salvo las de Durango y Veracruz. En suma, 19 mil cargos a elegir que reconfigurarán el mapa político del país.
Con una añeja tradición presidencialista en México, Palacio Nacional concentrará la atención de los electores y en gran medida influirá en el rumbo de los otros cargos a elegir. A partir de las disposiciones legales, el INE fijó un tope de gastos de campaña para las candidaturas presidenciales de 660.9 millones de pesos, cifra que duplica el que se ejerció en 2012, que fue de 328.6 y representa 50 por ciento más que en 2018.
En el ajedrez político que representará el proceso electoral, Morena pondrá en juego algunas entidades bajo su mando, principalmente la Ciudad de México, que en los comicios intermedios partió en dos enclaves políticos la capital del país. Además, se jugará otras entidades con nutrido número de votantes: Veracruz, que hace seis años le arrancó al PAN, de la misma forma que Puebla; Morelos, que le arrebató al PRD al igual que Tabasco, y Chiapas, que gobernaba el Partido Verde.
Por lo que hace al PAN, en dos de sus últimos bastiones que le restan: Yucatán y Guanajuato, se renovará el gobierno. Finalmente, Jalisco, será otra de las entidades en disputa, gobernado ahora por MC, que se juega gran parte del destino de su elección, pues fue el origen de su crecimiento electoral, pero ahora es la muestra clara de las fisuras en su interior, con el claro distanciamiento del gobernador, Enrique Alfaro, de la cúpula emecista.
Considerado por López Obrador como estratégico para potenciar la continuidad de la transformación, la disputa por el Congreso será clave en el destino no sólo de sus últimas iniciativas de reformas constitucionales, sino fundamental para la gobernabilidad de la próxima administración. Incluso en su apuesta, podría ser un factor en el futuro del Poder Judicial, pues del resultado puede derivarse la renovación de esa instancia.
En este periodo, el crecimiento de votantes pasó de 89.1 millones en 2018 a 98.9 millones que podrán votar en 2024.
A partir de 2018, con el triunfo de López Obrador en la Presidencia, empezó una acelerada reconfiguración del mapa electoral, que coloca los comicios de 2024 en un escenario radicalmente distinto, a partir de la nueva fuerza de cada partido. En ese año, antes de la elección presidencial, el PRI gobernaba en 14 entidades y el PAN, tenía bajo su control 12. En tanto que Chiapas estaba en manos del PVEM, entonces en la esfera del peñismo, y Michoacán, del PRD.
En estos seis años, el colapso electoral del PRIAN se ha correspondido con la irrupción de Morena, que ahora gobierna 21 entidades, incluidos bastiones históricos de sus opositores (estado de México, Hidalgo, Campeche, desde siempre gobernados por el PRI; Baja California, con tres décadas de dominio blanquiazul y una más en alianza con el PVEM (San Luis Potosí), lo que da cuenta de su implantación territorial a nivel nacional.
El ascenso de Morena también se ha reflejado en el control de la mayoría de los congresos estatales, pues en la actualidad 19 de ellos tienen mayoría morenista en coalición con sus aliados. En alcaldías, el dominio no es tan acentuado, pues gobierna sólo en 11 capitales estatales, así como en ciudades como Juárez, Tijuana, Mazatlán, Acapulco, Cancún y Nuevo Laredo.
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