Pese a que México es considerado el segundo país más católico del planeta, los sacerdotes no se salvan del viacrucis de extorsión, golpizas e incluso homicidios por parte del crimen organizado.
El 7 de julio, el subsecretario de seguridad y protección ciudadana Ricardo Mejía anunció la captura del décimo segundo sujeto vinculado al homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en Chihuahua el pasado 20 de junio.
El sospechoso de homicidio, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, es un cabecilla de los Salazar, célula del Cartel de Sinaloa, quien presuntamente asesinó a las tres personas después de que el guía turístico Pedro Eliodoro Palma entrara corriendo a la iglesia de los religiosos Javier Campos y Joaquín César Mora en busca de protección frente al capo.
Los homicidios desataron la indignación general, y esta detonó una persecución masiva y llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos mexicanos (unos 250 mil dólares estadounidenses) por información que permitiera la captura de El Chueco, quien sigue fugitivo.
Lo ocurrido en Chihuahua provocó la condena nacional de la violencia contra la Iglesia en todo México, donde, aunque los números van en descenso, el 77.7 % de la población se identificaba como católica en 2020. Pero esta no fue ni de cerca la única demostración del peligro que enfrentan a diario los representantes de la Iglesia católica.
Conferencia mañanera del pasado jueves 7 de julio, donde se presentaron lo avances en el caso de El Chueco y el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas.
México, el más peligroso para ejercer el sacerdocio
México ha encabezado en varias ocasiones la lista de los países más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio católico. Entre 2008 y 2016, el país ocupó el primer lugar de manera consecutiva. En 2021, fueron asesinados al menos cuatro representantes de la Iglesia, como informó Vatican News, lo que eleva a siete el total de prelados asesinados desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018, según información del Centro Católico Multimedial.
Unos días después de los asesinatos, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, presentó una denuncia pública en la que decía que en dos ocasiones ha sido detenido por grupos criminales en “retenes” informales apostados a lo largo de las carreteras al norte de Jalisco, donde varios cárteles rivales compiten por el control. Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, una de las ciudades más violentas de México, se pronunció en la prensa por la misma experiencia.
Extorsiones al alza
A comienzos de julio, el diario mexicano Excélsior informó que se ha generalizado la extorsión a las iglesias en México por parte de organizaciones criminales.
El informe cita datos del Centro Católico Multimedial, que señala que anualmente 1,400 iglesias, un 12 % del total de templos del país, son víctimas de alguna forma de delito, desde robo y perjuicios comunes hasta extorsiones.
Las iglesias de los estados de Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Chiapas y Morelos se han visto obligadas a pagar derecho de piso, afirmaba el artículo, y los ministros relataban que negarse a pagar derivaba en amenazas de represalias violentas por parte de los grupos criminales, entre las cuales son comunes las golpizas.
La vulnerabilidad de los sacerdotes en México no es una situación nueva, pero los hechos recientes demuestran que los criminales locales han perdido el respeto por la Iglesia —anteriormente el centro de pequeñas comunidades—, y la estrategia de seguridad del país ha vuelto a ser blanco de críticas una vez más.
A lo largo de la historia, los representantes de la Iglesia en México han desempeñado un papel importante como voceros de las comunidades locales y como mediadores en los conflictos, con más o menos éxito.
Intervención del Nuncio Apostólico en Aguililla
El año pasado, el exembajador del Vaticano ante México, Franco Coppola, ayudó a negociar un cese al fuego en Aguililla, Michoacán, escenario de una intensa guerra entre carteles. Pero el cese al fuego se rompió en menos de 24 horas.
En Chilapa, Guerrero, dos obispos contribuyeron a reducir los homicidios de 117 en 2017 a 14 en 2021 mediante un diálogo con Los Ardillos, grupo criminal local conocido por ejercer violencia contra las comunidades indígenas.
Pero la extorsión a las iglesias y la violencia que enfrentan los sacerdotes indica un cambio en la relación entre la institución católica y la delincuencia organizada, al menos en el ámbito local.
Un miembro de la Iglesia Mormona declaró a Excélsior que se ha pasado por encima de ciertos “códigos” que gobernaban la interacción entre la delincuencia y las iglesias, incluido el respeto por los funerales. Ahora, tal parece que las iglesias no son más que otra fuente de ingresos para los grupos criminales.
En una invitación desde los mandos para detener la violencia ejercida por los carteles sobre los líderes religiosos, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) publicó un llamado a que todos los carteles renunciaran al hostigamiento a los grupos religiosos, sus líderes y seguidores, y a mantener la guerra “entre ellos”. El llamado, publicado el 7 de julio, recuerda la tregua que los Caballeros Templarios pidieron en 2012 en honor a la visita del papa Benedicto XVI a México.
Guadalupe Correa-Cabrera, experta en crimen organizado en México, dijo a InSight Crime que, desde la llegada de Los Zetas, los carteles han diversificado su abanico de actividades, alejándose de las operaciones de narcotráfico centrales, pero no hay muchos indicios de que los grandes carteles estén pensando en atacar las iglesias como uno de sus objetivos principales.
“No podemos decir que los grupos criminales importantes que operan de manera organizada [como el Cartel de Jalisco o el Cartel de Sinaloa] sean los que obtienen rentas de las iglesias o los grupos religiosos como estrategia formal”, comentó Correa-Cabrera. “Los carteles se han diversificado, pero no hay pruebas de que los grupos que se dedican a atacar a los grupos religiosos sean los mismos que venden drogas”, añadió.
Sin embargo, las células que operan a nombre de estos grupos grandes, como la banda los Salazar, de El Chueco, y otros carteles rivales de menor tamaño, como el Cartel del Golfo o el Cartel del Noreste, que operan a nivel local, pueden pensar que la extorsión y la violencia contra las congregaciones religiosas valen la pena.
Para complicar más el panorama, Correa-Cabrera señaló que México está inundado de diferentes grupos locales con fácil acceso a armas de grueso calibre, cuyo modus operandi consiste en suplantar a las organizaciones criminales mayores.
Tras los asesinatos de Chihuahua, el obispo Noriega Barceló declaró al diario Milenio que debe construirse un “pacto social” que incluya las voces de los jefes de los carteles si se quiere terminar con la plaga de violencia que azota al país.
Otras voces de la Iglesia adoptaron una postura mucho más crítica, indicando que la estrategia de seguridad antiagresión de “abrazos en lugar de balazos”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su mandato en medio de niveles récord de violencia, no ha resuelto nada.
La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), organización de obispos católicos, emitió un comunicado en el que critica la postura del gobierno diciendo que “es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando”, y llamó a un diálogo abierto entre todos los miembros de la sociedad, incluidos sus elementos al margen de la ley, para avanzar hacia la paz.
Con información de https://es.insightcrime.org/noticias/carteles-mexico-perdieron-reverencia-iglesia-catolica/
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