Legisladores, constitucionalistas y expertos en Derecho argumentaron sobre las necesidades que debería considerar una Reforma al Poder Judicial en torno a su conformación y reorganización, duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, así como el régimen de responsabilidades, en el segundo de los Diálogos Nacionales con sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en Jalisco.
El senador Ricardo Monreal abrió la ronda de bienvenida explicando que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha alejado del ideal de la justicia” al recurrir a prácticas nepotistas y se ha distanciado de los “sentimientos de los justiciables”, por lo que celebró el diálogo encaminado hacia la Reforma Constitucional del Poder Judicial.
Por otro lado, el coordinador parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que los Diálogos Nacionales son un acto de “voluntad política” al diálogo, contrario a una actitud autoritaria, dado que “su movimiento”, a pesar de obtener una mayoría parlamentaria en los comicios del pasado 2 de junio, no recurrirá a la “rajatabla y cerrazón”.
La elección por voto popular, de jueces y magistrados, no se hizo esperar en los Diálogos Nacionales.
El presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinoza Licón, señaló que la Reforma debe considerar que la designación de los jueces y magistrados es una decisión del Congreso de la Unión, sin embargo, es necesario “implementar mecanismos de selección rigurosos” y respetar “los derechos laborales previamente adquiridos” de los trabajadores judiciales.
Por su parte, la abogada Ana Sofía Torres aseguró que la iniciativa no haría a los magistrados “más confiables con la sociedad”, además, enfatizó que el principal reto a vencer son el partidismo y el impacto presupuestal y organizacional”.
Asimismo, el abogado Juan Alberto Ruvalcaba señaló que la designación adecuada de los ministros «debe sostenerse en la carrera judicial y aseguró que “los jueces no deben hacer campañas”. Mientras que Marcos del Rosario Rodríguez, miembro de la Barra de Abogados, puntualizó que el tema está relacionado con “el establecimiento de requisitos estrictos para acceder al cargo […] para evitar excesos”.
En contraste, la constitucionalista Katya Fernanda Ocampo explicó que el mecanismo sobre la selección popular de ministros y ministras se da “en el marco de una crisis Constitucional”, y que la Reforma propone que la elección se reparta entre los Tres Poderes de la Unión para que, después, “la población decida vía el voto popular”, también aseguró que “debemos abandonar una visión de una justicia elitista […] y perderle el miedo a que la población participe”.
En el mismo sentido, la presidenta de la Asociación Nacional de Tribunales de Justicia Administrativos, Fany Lorena Jiménez, señaló que “los ciudadanos tienen el derecho de involucrarse” para acercarse al Poder Judicial.
A su vez, la abogada Gabriela Díaz Salinas detalló que la Reforma “no es un fin, es un medio para obtener otros fines que son más valiosos”, en ese sentido, la elección por voto popular de los cargos judiciales “abona a la democracia nos guste o no”. “¿Cómo nos vamos a quejar de más democracia?”, cuestionó la abogada.
Otro de los puntos de debate fue la duración en el cargo de jueces, magistrados y ministros. Daniel Espinoza Licón consideró que es importante respetar el “retiro escalonado y progresivo” de jueces y magistrados, “hasta que se termine el periodo por el que fueron designados”.
Sobre este punto, el magistrado de Circuito Gildardo Galinzoga Esparza reconoció la necesidad de una “visión judicial más humanista”, e hizo un llamado a la gradualidad de la Reforma y propuso un ejercicio piloto de “elección extraordinaria” que recaiga “exclusivamente” en las vacantes ahora existentes de las personas juzgadoras.
En cuanto al régimen de responsabilidades, fue relevante la participación de Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quien en representación de las y los trabajadores propuso que en el Consejo de la Judicatura “se integren representantes de los trabajadores que provengan del Sindicato […] y que se acoten las facultades del Consejo” para “que no legislen en materia laboral”, sino exclusivamente judicial.
En ese sentido, ante los rumores de posibles riesgos hacia las y los trabajadores del Poder Judicial, Monreal Ávila enfatizó que “no tendrán una sola Reforma que les afecte […] o les arrebate sus derechos y conquistas”. A este mandato también se sumó el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien también señaló la importancia de discutir el uso de los juicios de amparo.
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