Suspensión contra reforma judicial, sin fundamento legal

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la resolución de la jueza Martha Magaña que ordena la suspensión definitiva del proceso legislativo para aprobar la reforma judicial no tiene ningún fundamento legal. Consideró que en este debate en torno a los cambios que se requieren en el Poder Judicial hace falta más información, pero sobre todo contrarrestar la desinformación que se ha esparcido en torno al tema.

“Se han dicho muchas mentiras, que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones los trabajadores del Poder Judicial, eso es falso, pero les han dicho eso. Les han dicho que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo. No, lo que queremos es que sea un poder realmente independiente, no solo del Ejecutivo, ni del Legislativo, también del poder económico y del poder que ejercen la delincuencia organizada porque el Poder Judicial actual está al servicio de poder económico”, dijo López Obrador.

Señaló que a su gobierno le correspondió separar el poder económico del poder político para que el gobierno no estuviera al servicio de una minoría, sino de todo el pueblo, por eso se ha avanzado mucho.

“Pero el Poder Judicial quedó sometido. Cuando quisimos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública para mantener los precios de la luz sin aumento. Pues los adversarios nuestros que defienden a las empresas particulares, acudieron a la Corte y echaron abajo la ley eléctrica que era para beneficio de los consumidores mexicanos”.

Destacó la importancia de elegir a jueces, magistrados y ministros porque esto evita que quienes asuman estos cargos dependan del influyentismo, del amiguismo y del nepotismo que imperan en el Poder Judicial.

La jueza Martha Magaña otorgó una suspensión definitiva que prohíbe discutir en el Senado la iniciativa avalada por los diputados y ordena no enviarla a los congresos estatales.

Suspensión definitiva contra reforma judicial

Martha Magaña López, titular del juzgado quinto de distrito en Morelos, concedió la suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial de la Federación, a pesar de que esto ya sucedió, por lo que ahora continuará con el proceso judicial para determinar si concede el amparo a cuatro jueces federales para que, en caso de que la legislación sea avalada, a ellos no les afecte. Esta sentencia no es firme.

Las autoridades pueden impugnar la resolución de la juez para que se turne a un tribunal colegiado y que éste determine si confirma, modifica o revoca el resolutivo de primera instancia.

La togada ordenó a los legisladores federales no aprobar, en este caso en el Senado, la iniciativa ya votada en la Cámara de Diputados, y que tampoco se envíe, si continuara el proceso legislativo, a las legislaturas locales para su aprobación.

La jueza apuntó en su fallo que si hubiera negado la medida cautelar, al momento de materializarse la reforma, los juzgadores promoventes de la demanda quedarían en estado de indefensión si eventualmente fueran separados de sus cargos, lo que haría imposible restituirlos en el goce de sus derechos.

En la sentencia, la impartidora de justicia dio a conocer que las autoridades demandadas (Presidencia de la República y Comisión de Puntos Constitucionales) no entregaron informes previos, situación que resolverá una vez que dicte sentencia, ya que podría solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una indagatoria por desacato en contra de las autoridades responsables.

“Lo anterior, toda vez que fueron omisas en rendir su respectivo informe, no obstante, de encontrarse debidamente notificadas para tal efecto, como se advierte en autos”.

Por separado, los magistrados Juan Pablo Bonifaz Escobar, Silvia Carrasco Corona y Yolanda Velázquez Rebollo, del tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa con sede en Cuernavaca, desecharon por unanimidad el recurso de queja que promovió un particular, cuyo nombre no fue publicado, para impugnar la suspensión provisional que la jueza Magaña López otorgó a fin de que el proyecto de reforma al PJF no se discutiera ni aprobara en la Cámara de Diputados.

El colegiado realizó una sesión extraordinaria remota para emitir su sentencia; sin embargo, los magistrados no dieron mayores motivos y tampoco dieron a conocer la versión pública del expediente.

La FGR apeló la suspensión provisional que la misma jueza dio el sábado pasado a los cuatro jueces federales.