En México no existe una orden de aprehensión en contra de Salvador Cienfuegos, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
“No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una solicitud de extradición necesitas una orden de aprehensión y en México no hay, hoy, una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no hay, no existe. La evidencia se recibió el 11 de noviembre”, dijo el canciller durante la comparecencia matutina.
El manejo de la llamada “Operación Padrino” puso en tensión la relación entre Estados Unidos y México, debido a la falta de comunicación y a la ausencia de intercambio de información entre las autoridades de ambas naciones.
En las negociaciones para regresar a Cienfuegos a México, Ebrard dijo que se puso énfasis en señalar que la cooperación para combatir al narcotráfico no puede darse de forma selectiva.
“No se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto (detener a una persona sin que México estuviera enterado de la investigación), hay que escoger”, dijo el canciller de México.
“La cuestión aquí es: si vamos a mantener la cooperación con otros países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana”, agregó el titular de SRE.
Ebrard señaló que el fiscal de Estados Unidos, William P. Barr respeta al país y tiene confianza en sus instituciones.
En un hecho sin precedentes, a pesar de considerar que las pruebas en su contra “son fuertes”, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se desistió de enjuiciar al general Salvador Cienfuegos, y se prevé que el exsecretario de la Defensa llegue a México en breve, libre de todo cargo, y sea entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
“El general aceptó regresarse a México voluntariamente”, establecen los documentos oficiales, y quedará a disposición de la FGR, que hace seis días inició una investigación en su contra, pero que no se comprometió a procesarlo penalmente en los acuerdos alcanzados con las autoridades estadounidenses.
Asimismo, Ebrard Casaubón dijo que no era aceptable que se detuviera al General Salvador Cienfuegos Zepeda sin haber advertido el Gobierno mexicano, y puso un ejemplo:
“Vamos a ponernos en el caso opuesto. Vamos a suponer que en México detenemos, la autoridad, a algún alto funcionario. Ahora que vino el administrador de la DEA, vamos a suponer que lo hubiésemos detenido. ¿Qué pensaríamos de qué ocurriría? Habría una repercusión muy seria. Estados Unidos nos diría: ‘Este funcionario me lo regresas o bien, vamos a tener un grave desencuentro’”.
“México lo que está señalando es: no sabemos, a esta fecha, si el General Cienfuegos sea o no culpable de los cargos que se le imputan. Eso no lo podríamos saber porque la evidencia la tendríamos en noviembre y la Fiscalía [General de la República] va a iniciar su investigación”, agregó el secretario de Relaciones Exteriores.
Desde el 11 de noviembre pasado, autoridades de Estados Unidos entregaron formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) más de 700 documentos en los que supuestamente se basaba la acusación penal por narcotráfico en contra del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue arrestado el 15 de octubre en Los Ángeles, California, por agentes de la estadounidense Administración para el Control de la Droga (DEA, por sus siglas en inglés), pero ayer las autoridades de ambas naciones acordaron retirar los cargos y que la justicia mexicana lo investigue, aunque días después de la aprehensión se informó que Cienfuegos no tenía ninguna indagatoria ni se había descubierto su participación en algún ilícito.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad mencionaron a La Jornada que se investigaron las cuentas, propiedades y depósitos del militar sin encontrar ninguna irregularidad y señalaron la posibilidad de que hubiera sido suplantado, ya que uno de sus escoltas se hacía cargo de contestar su teléfono y siempre lo acompañaba a donde iba.
Luego de que se supo del arresto del militar, diversas instituciones federales, entre ellas la propia Sedena y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciaron sus investigaciones, pero no encontraron nada que involucrara al ex secretario con grupos delictivos.
Según las investigaciones aportadas por la DEA, el ex jefe del Ejército Mexicano habría recibidos sobornos de un narcotraficante menor, Juan Francisco Patrón, conocido como El H-2, que surgió del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y operó apenas tres años, de 2014 a 2017.
Cienfuegos Zepeda será repatriado, toda vez que no existe una petición formal de extradición.
Una vez bajo la jurisdicción de la justicia mexicana, el ex titular de la Sedena deberá comparecer ante un juez de control para una audiencia inicial, en la que se le informe de los cargos que se le imputan.
Conforme a la Constitución, aunque se trata de un general de división, su proceso se efectuará en juzgados del fuero civil, pues se le acusa de delitos que van más allá del límite de sus responsabilidades militares.
Si sus abogados no solicitan la duplicidad del término constitucional, el juez de control podrá decidir de inmediato si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Aun en esta hipótesis, Cienfuegos, de 72 años de edad, puede todavía obtener el privilegio de la prisión preventiva domiciliaria, toda vez que ésta se permite a los mayores de 70 años, según el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Esta entrada fue modificada por última vez en jueves, 16 de marzo, 2023
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