Ciudad de México.- Dicen que “más vale tarde que nunca”, aunque en el caso de los Derechos Humanos tan castigados en nuestro país, casi siempre es nunca o como en éste, demasiado tardía la amonestación, o recomendación, ya que el “violador” ya se va, Enrique Peña Nieto.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó este miércoles la recomendación del organismo dirigida a diversas dependencias de los tres niveles de Gobierno y al propio Presidente Enrique Peña Nieto por las graves violaciones a los derechos humanos documentados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante la presentación de la recomendación del caso relacionada con los estudiantes de Ayotzinapa, González Pérez se refirió a los hechos sucedidos durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, como “abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social por el que atraviesa nuestro país”.
Decenas de manifestaciones, desde el hecho sangriento en contra de los normalistas de Ayotzinapa, a la fecha, se han organizado en todo México.
Contaminó y perdió evidencias el gobierno en caso Ayotzinapa
El Ombudsman nacional detalló que las omisiones de las instancias de los tres niveles de Gobierno ocasionó la contaminación y pérdidas de evidencias y pruebas, y el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación en el caso ha derivado en que varios de los detenidos por la desaparición de los estudiantes no puedan ser juzgados y subsista la impunidad.
González Pérez puso énfasis en el desaseo de las investigaciones de la Procuraduría General de la República. (PGR).
“La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y criminales ocasionó la perdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42 y la desaparición forzada de 43 más”, dijo González Pérez al leer parte del documento que el organismo presentó hoy.
El presidente de la CNDH ejemplificó que uno de los hallazgos del organismo fue que no se ha investigado la actitud omisa o tolerante de autoridades de distintos niveles de gobiernos que pesan de manera directa en el caso.
El C4 de Iguala, guardó silencio cómplice
Dijo, por ejemplo, que pese a la información que llegaba al C4 de Iguala de que algo muy grave sucedía ese día, no se dio parte al Ministerios Público y las autoridades se abstuvieron de realizar acciones.
Además de que se omitió el hallazgo de porciones petrosas de huesos que constituirían “un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. El análisis genético de dichos fragmentos óseos resulta indispensable”.
La CNDH también documentó las diversas ocasiones en que las autoridades de los tres niveles violentaron el derecho a de las víctimas a la verdad.
“Sin contar con evidencias, se dio por contado que los 43 estudiantes habían sido ejecutados”, dijo, por ejemplo, Luis Raúl González.
“México, un país adolorido”
“Éste caso es el más ominoso y complejo. Social y políticamente marcó un antes y un después. México es un país adolorido, donde la justicia más que un derecho, es una cuestión a la que difícilmente se puede acceder”, destacó el Ombudsman nacional.
“Como en otros casos graves, los protagonistas principales de los hechos del 26 y 27 de septiembre son la ilegalidad, la corrupción y la impunidad”, añadió.
González Pérez consideró que el caso de Ayotzinapa no debe verse como aislado, sino como una situación que se vive en diversas regiones del país y se debe poner atención en que “es un riesgo latente” de que vuelva a ocurrir algo similar.
Nunca más otro Ayotzinapa
“Un crimen de las dimensiones del de Iguala sólo puede ocurrir por la penetración del crimen en las estructuras del Gobierno. Debemos de buscar que esto nunca vuelva a ocurrir”, dijo y agregó que ello tocará al futuro Gobierno.
“En Iguala diversas autoridades sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada. Con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó”, insistió.
Tortura contra normalistas de Ayotzinapa
El pasado mes de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó un informe donde documentó que al menos 34 personas detenidas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fueron torturados.
En el informe “Doble Injusticia-Violaciones a los Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la ONU-DH revisó información sobre 63 individuos de un total de 129 personas investigadas en conexión con la desaparición de los normalistas.
En ese documento aseguró que había “fuertes evidencias” para afirmar que algunas de las personas aprehendidas fueron “detenidas arbitrariamente y torturadas”. Y denunció que “estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas”.
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