Los primeros desarrollos creados en la paraestatal Innova Bienestar ya cuentan con las certificaciones correspondientes y pronto podrán proveerse al sector público, aseveró la titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla.
Se trata de una máquina de anestesia 100 por ciento mexicana, una torre de alto flujo de oxígeno y concertadores de oxígeno, estos últimos sistemas altamente demandados para la atención a personas con problemas respiratorios.
En la mañanera presidencial de este miércoles, la titular del Conhacyt aseveró que estas tecnologías cuentan con la certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y podrán ser adquiridos en un costo hasta de 50 por ciento de los que actualmente existen en el mercado con una calidad igual e inclusive “un poco mejor”.
Álvarez-Buylla destacó que la creación de la paraestatal Innova Bienestar “es una gran noticia para México”, surgió a partir de uno de los centros públicos de investigación “que estaba desviado al interés particular” y ahora es dirigido por Alejandro Tuirán.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del Conahcyt indicó que en el primer gobierno de la 4T se recuperó esa instancia para el interés nacional, pues durante los últimos gobiernos neoliberales se había enfocado a brindar apoyos a la iniciativa privada.
“Las tecnologías que hemos desarrollado fruto del talento nacional son innovadoras, enfocadas en el bienestar colectivo y no en el lucro”, apuntó.
Recordó que en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el antiguo Conacyt aumentaron el número de fideicomisos hasta llegar a 91.
“A partir de esto, de manera opaca, dispendiosa, con reglas a modo, se transferían a fondo perdido para subvencionar muchas veces a proyectos que no estaban en dirigidos a proyectos científicos, mucho menos de desarrollo tecnológico, a grandes empresas”, incluidas transnacionales “que recibieron millones”.
De acuerdo con la funcionaria, se benefició a firmas como Kimberly Clark, propiedad de Claudio X González, FEMSA, Monsanto, Bayer.
Los recursos entregados a estas compañías, sumaron, dijo, 45 mil 643 millones de pesos en estos sexenios.
Esto generó que México se sumiera en una dependencia tecnológica “que causó que bajara nuestro país 16 lugares en el contexto internacional en términos de innovación. Mucho más gasto en el interés privado para generar muchos menos resultados y mayor dependencia tecnológica. Ésta fue la realidad neoliberal”.
Bajo el mandando de López Obrador, aseguró la funcionaria, “se rescató al Conhacyt para dedicarlo a lo público, para beneficiar a estudiantes y a las comunidades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación”.
De acuerdo con los datos presentados por Álvarez-Buylla, se han entregado más de 90 mil becas al año de posgrado, además que el sistema nacional de posgrado ha recuperado su gratuidad, incluidos aquellos que “se habían privatizado aun en el seno de las universidades públicas”.
Asimismo, añadió, aumentó en 593 por ciento las becas para personas en posdoctorado y se incrementó a 44 mil integrantes el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 53.6 por ciento más con respecto a 2018.
Todas estas acciones “son importantes, rescatan talento y evitan que nuestros doctores se vayan al extranjero por necesidad”, comentó.
“Hemos rescatado una institución afectada por la corrupción y los errores del pasado, dándole ahora un carácter democrático, austero, eficiente y eficaz. Así, el Conahcyt ha recuperado el espíritu nacionalista y revolucionario del general Lázaro Cárdenas del Río, quien en 1935 propuso la creación del Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica en beneficio de la clase trabajadora. Hoy, el Conahcyt es una institución cabalmente pública, centrada en el interés general, fortaleciendo nuestra soberanía y respondiendo a las necesidades de la sociedad”, refirió Álvarez-Buylla.
La titular del Conahcyt explicó que, durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se autorizaron transferencias de recursos públicos al sector privado a través de fideicomisos. En total, fueron más de 45 mil 643 millones de pesos que beneficiaron a más de 2 mil 935 empresas, por la vía de 91 fideicomisos. A partir de estos fondos se transfirieron a fondo perdido recursos a empresas como Kimberly Clark (propiedad de Claudio X. González), Femsa, Monsanto, Bayer, Ford, IBM, LG, Nissan, Motorola, Intel, entre otras.
En cuanto al fortalecimiento de las comunidades de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), se ha llegado a dar 90 mil becas anuales, lo que representa 45% más que en 2017. Se promovieren, asimismo, las estancias en el doctorado, las cuales aumentaron 593% y el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras ha crecido al contar actualmente con 44 mil integrantes, lo que representa un aumento de 53.6% en comparación con 2018.
La titular de Conahcyt destacó la creación de la primera paraestatal Innova Bienestar, la primera empresa pública de base tecnológica que, con una colaboración con una pequeña empresa, están creando equipo como una máquina de anestesia 100% mexicana, una torre de alto flujo de oxígeno, concentradores de oxígeno y un nuevo ventilador. Este equipo ya está listo para surtir al sector público con un costo 50% más bajo que en el sector privado.
Además, se ha impulsado los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) con más de 666 proyectos autorizados con una inversión de más de 1,700 mdp con actividades en 817 municipios, en diez sectores prioritarios como salud, agua, educación, cultura, vivienda, energía y cambio climático, sistemas socioecológicos, seguridad humana, agentes tóxicos y procesos contaminantes, soberanía alimentaria y vivienda.
Entre los proyectos de los Pronaces se encuentra el saneamiento del tiradero a cielo abierto más grande del país, Las Matas de Minatitlán en Veracruz, la contribución para reducir la mortalidad infantil por leucemias agudas, alternativas de producción del campo mexicano sin agrotóxicos como el glifosato, el desarrollo de la vacuna mexicana Patria, el impulso de lengua de señas en la educación, la asesoría técnica en la exploración y el uso del litio, la atención a las violencias de género y a migrantes, así como el Primer Informe Estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla).
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