“Tendencioso”, informe de ONU sobre desaparecidos
El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, al calificarlo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”.
Subrayó que esa instancia omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.
Esa respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, refutó la administración federal, al tiempo que puntualizó que el país “está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.
La administración mexicana expresó su postura en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en el que se objeta el documento difundido ayer por el CDF por “no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025”.
Destacó que el marco utilizado por el comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.
Señaló que el informe abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017 –correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), en los que se ejecutó la llamada guerra contra el narcotráfico– y se circunscribe a cuatro entidades del país (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco).
“La decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales (en la materia) presentados el 27 de marzo –durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum–, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
En la posición del gobierno mexicano se sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Señalamientos que “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
Consideró que existe una “ligereza” en las premisas presentadas por el comité, la cual se agrava por conflictos de intereses que, acusó, tendrían algunos de sus integrantes. “Existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
Las dependencias remarcaron que el gobierno mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, a la par que recordaron que durante la administración federal actual se impulsó y aprobó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Puntualizaron que las modificaciones a la ley en la materia incluyen herramientas y obligaciones para la autoridad, las cuales “no consideró debidamente” el comité de la ONU en su resolución.
Gobernación y Relaciones Exteriores enlistaron algunas de esas consideraciones: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad, la obligación de crear fiscalías especializadas estatales, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Agregaron que la ley establece la obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación; la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
La administración de Sheinbaum apuntó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha reconocido que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, valorado así por diversas agencias”.
Expresó que, si bien México está dispuesto a recibir cooperación técnica externa, esto no se puede aceptar a partir de premisas que no reflejan la actual realidad.
“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, concluyó el gobierno mexicano en su respuesta al CDF.
Al dar a conocer las conclusiones de su informe, el comité enfatizó que “existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país”.
Por esa situación, solicitó que el secretario general de la ONU remita la situación a la Asamblea General, para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.
No obstante, precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas –ya sea mediante acción u omisión deliberada– en el sentido del Estatuto de Roma, aunque subrayó que ni éste ni la convención internacional en la materia exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país o que se originen en los más altos niveles del gobierno para que se consideren como ese tipo de crímenes.
Sostuvo que también tomó nota de que la llamada guerra contra las drogas –declarada por Calderón– ha contribuido a las condiciones en las que se han producido ataques a nivel local, y de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como forzadas conforme al artículo 2 de la convención.
El CDF destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Subrayó que, a la luz del artículo 5 de la convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma –del que México es parte–, las desapariciones forzadas también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra civiles”.
Puntualizó que el procedimiento para llevar el asunto a la Asamblea General, que se basa en el artículo 34 de la convención, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, “mas no de establecer la responsabilidad penal individual”.
El comité argumentó que conformó su resolución a partir de la información que ha recibido de la sociedad civil, de la respuesta del Estado en septiembre de 2025 y de solicitudes de acción urgente, así como de los elementos que sus miembros recopilaron desde 2012, por medio de exámenes periódicos y su visita al país en 2021.
Esa instancia advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación “no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”.
Las instituciones del sistema universitario jesuita respaldaron la determinación del comité y llamaron al Estado mexicano a colaborar en este mecanismo, así como al diálogo con las instancias internacionales.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de “histórica” la decisión del comité de la ONU, luego de que éste solicitó a Guterres remitir “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país.
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