Los señalamientos de corrupción que han perseguido al recién desaforado Mauricio Toledo Gutiérrez desde su trayectoria política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo han alcanzado: ahora está fichado por la Fiscalía de la Ciudad de México para ser extraditado desde Chile por presunto enriquecimiento ilícito.
Expulsado del sol azteca y entre quejas por sus antecedentes, hace un año se pasó al Partido del Trabajo (PT) para intentar que el diputado Gerardo Fernández Noroña dirigiera la Mesa Directiva. Morenistas lo señalaron de porro. Ahora se le acusa de poseer 55.3 millones de pesos en inmuebles y cuentas bancarias, y un crecimiento patrimonial “que resulta incongruente con sus ingresos reportados”, según planteó la Fiscal local Ernestina Godoy Ramos.
Toledo, originario del sur de la Ciudad de México y de padres chilenos exiliados por la dictadura, tuvo su primer contacto con el Poder Legislativo como asesor mientras estudiaba Derecho en la UNAM. A los 20 años fue electo titular de la Secretaría Nacional de Asuntos Juveniles del Comité Nacional del PRD. En 2006 comenzó su carrera legislativa en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como diputado local en la IV Legislatura (2006-2009).
Después fue diputado federal en la LXI Legislatura (2009-2012), arena desde la cual se preparó para contender finalmente por la jefatura de la Delegación de Coyoacán, una zona cultural de pedregales desde donde, según distintas denuncias, de 2012 a 2015 amenazó de muerte, extorsionó, usó grupos de choque, metió a su hermano y mamá a cargos públicos, y cobró diezmo.
Los diputados panistas locales de Coyoacán, Priscila Vera Hernández y Edgar Borja Rangel, lo denunciaron penalmente más de una vez y lo acusaron de usar los recursos públicos de la demarcación “para premiar a los amigos y amenazar, intimidar y denostar las voces que lo critican” y de “utilizar el patrimonio para beneficiar su bolsillo”.
El fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores, concluyó el día de ayer que del 2012 al 2019 tanto como delegado como diputado Mauricio Toledo incrementó su fortuna en 20.8 millones cuando su remuneración en dicho periodo fue de 9.4 millones de pesos. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que en 2019 realizó dos transferencias por 5.7 millones de pesos para el pago de dos departamentos.
Priscila Vera Hernández y Edgar Borja Rangel, diputados panistas, él legislador Borja fue amenazado de muerte por Mauricio Toledo.
Amenazas de muerte de Toledo
El diputado local panista Édgar Borja Rangel denunció en diciembre de 2012 ante la PGJDF al entonces jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo, por presunta amenaza de muerte y también lo señaló de presunto manejo irregular de programas sociales ante la Contraloría General del Distrito Federal.
Borja describió que mientras promovía los servicios de su módulo de atención ciudadana, vio que en el parque Coyotitos, ubicado en la colonia CTM VII Culhuacán, se realizaba el acto Apoyo de Fin de Año, donde el delegado Toledo entregó despensas.
Mauricio Toledo, impune durante años.
Cuando el panista le preguntó de qué programa social o con qué criterios se entregaba, Toledo lo ignoró por lo que lo siguió hacia su camioneta y, ante la insistencia, el perredista le respondió:
“Si me siguen chingando los voy a madrear”, le advirtió. Antes de abordar el vehículo, tomó del brazo al diputado y le sentenció: “Si me sigues chingando, te vas a morir, te voy a matar cabrón”.
Posteriormente al encuentro, el panista dijo haber recibido mensajes a su celular con frases como “ya le dijeron cabrón, que le baje o le vamos a dar piso, tenemos ubicada a toda tu familia, puto”.
El delegado argumentó entonces que quien lo denunció pertenecía al grupo del panista Obdulio Ávila Mayo y que era una “oposición irresponsable”. En enero de 2015, el diputado Borja fue expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) por negociar contratos, uno de pintura para una delegación y otro para la digitalización de documentos con ganancias de hasta 20 millones de pesos, a cambio de dinero.
Extorsión inmobiliaria
En febrero de 2013, el diario Reforma reportó que el delegado Mauricio Toledo exigió un soborno de 1.6 millones de pesos a la Inmobiliaria EGZN Arquitectura a cambio de no clausurarle una construcción de departamentos en Pedregal de Carrasco, de acuerdo con el representante legal de la empresa, Rodolfo Reus.
A través de mensajes por BlackBerry, el experredista le pedía dinero al abogado. Primero le solicitó 800 mil pesos para “cámaras de videovigilancia”. Pero el 15 de febrero de ese año le escribió que necesitaría duplicar el monto.
—Voy a necesitar más dinero porque no alcanzo para las obras de la gente, urge para hoy —le escribió Toledo.
—Anda de viaje Gazi (Nacif, dueño de la empresa) y creo que no se vale, pero tú sabes lo que haces y las consecuencias, creo que no sabes con quién estás abusando —le respondió el abogado.
—Dime sí o no, esto es muy fácil —soltó el delegado.
—Creo que te estás aprovechando por el tema de las casetas de Internet, yo no le voy a echar a perder su viaje a Gazi con un tema tan delicado y no me has dicho de cuánto hablamos.
—800 mil extras y allí queda —finalizó Toledo.
El delegado Toledo rechazó “categóricamente” haber extorsionado a la empresa y destacó que el mismo dueño Gazi Nacif emitió una carta donde lo deslindó e ignoró las declaraciones del abogado.
Al día siguiente de la publicación ofreció una rueda de prensa donde insinuó que el cierre de establecimientos mercantiles y casinos podría ser el móvil del “hackeo” a su cuenta de correo electrónico para hacer parecer que pretendía extorsionar a la inmobiliaria.
Una investigación de la revista Proceso vinculó al abogado Reus con el zar de los casinos Juan José Rojas Cardona.
Sin embargo, en abril de 2013, el empresario gasolinero Manuel Dacosta también lo acusó de extorsión porque le exigió tres millones de pesos a cambio de que la delegación retirara los sellos de clausura de una gasolinera en la Colonia San Francisco Culhuacán.
Los legisladores del blanquiazul Priscila Vera y Edgar Borja denunciaron ante la PGJDF al delegado de Coyoacán por el delito de cohecho, pero también al empresario pues se retractó de su acusación tras reunirse con autoridades de la delegación.
Los grupos de choque
Habitantes de la colonia CTM Culhuacán, en la Delegación Coyoacán, acusaron en abril de 2013 que fueron golpeados “por órdenes” del jefe delegacional, Mauricio Toledo, por quejarse por la falta de suministro de agua.
En compañía de los diputados panistas Priscila Vera y Edgar Borja, los mismos que lo señalaron de amenaza de muerte, los vecinos también acusaron al delegado de cobrar 10 pesos a cada uno de los dos mil departamentos de la Unidad Habitacional CTM-10 para dotarlos del líquido a través del bombeo.
Los integrantes del Comité Ciudadano CTM-10 acusaron directamente a Toledo de hacer uso faccioso de su cargo porque, dijeron, su personal secuestró las bombas de agua.
En abril de 2015, el diputado local Gerardo Villanueva Albarrán denunció que tres simpatizantes de Morena fueron agredidos físicamente por sujetos a quienes se identificó como gente cercana a Mauricio Toledo, entonces jefe delegacional con licencia.
En enero de 2018, un grupo de presuntos seguidores de Toledo irrumpió en un acto de precampaña en Coyoacán de la entonces aspirante al gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.
Red de nepotismo
La diputada panista de la ALDF, Priscila Vera, señaló que el hermano de Mauricio Toledo, Nelson Toledo, entonces subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), solicitó licencia en mayo de 2014 mientras se le investigaba por presuntamente solicitar “diezmo” a funcionarios públicos.
“Está claro que Mauricio Toledo ha creado una red de nepotismo y tanto su hermano como él deben ser investigados a fondo por la Procuraduría capitalina. Es inadmisible la protección que el propio Gobierno del DF le ha brindado a la familia Toledo, que sólo se aprovecha de los recursos de los ciudadanos”, afirmó la asambleísta en ese entonces.
Recordó que además de Nelson Toledo, Rosa Gutiérrez Durán, madre de ambos, apareció en la nómina de la Comisión de Gobierno de la ALDF como asesora del perredista, Alejandro Robles, percibiendo un salario de casi 60 mil pesos.
Cobro de diezmo
Darío Larrondo, titular de la Coordinación de Modernización Administrativa de la Delegación de Coyoacán, denunció ante la Procuraduría local al delegado Mauricio Toledo porque el director jurídico y de gobierno, Francisco Mendoza Esparza, le dijo que cada funcionario debía entregar el 10 por ciento de su salario. Él ganaba 31 mil pesos.
El dinero era, según la denuncia, para el pago de personal de apoyo que trabajaba en el proyecto político de Toledo. El trabajador se negó y fue despedido en enero de 2014.
Saúl Torres Maya, secretario particular de Toledo, le informó que por no haber cumplido con el diezmo, el delgado ordenó darlo de baja. La Contraloría Interna de la Delegación Coyoacán abrió una investigación por el presunto cobro de diezmo a los trabajadores.
Pero el titular de la Contraloría, Manuel Paredes Montejano, le dijo a Larrondo que cerraría el caso porque los funcionarios rechazaron las acusaciones.
Con información de https://www.sinembargo.mx/12-08-2021/4013552
También te puede interesar:
