Una reciente publicación del diario Reforma, basada en estimaciones del centro de análisis México Evalúa, sostiene que Pemex dejaría de percibir 137 mil millones de pesos anuales hacia 2027 por destinar petróleo crudo a sus refinerías en lugar de colocarlo en el mercado de exportación.
El argumento parte de una trampa al asegurar que vender crudo deja más ganancias que refinarlo. Esto solo es cierto si se oculta una verdad básica, que la gasolina que México deje de refinar tendría que comprarla en el extranjero, pagando un sobreprecio mucho más alto que las supuestas ganancias por exportar petróleo crudo.
Para alcanzar el monto de 137 mil millones de pesos que propone México Evalúa, a razón del diferencial citado de 17.5 dólares por barril y tomando como base el parámetro de 19.50 pesos por dólar proyectado por la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico, Pemex tendría que desviar a la exportación alrededor de 1.1 millones de barriles diarios de crudo. Esto equivale a paralizar el procesamiento en las seis refinerías del país y en la refinería Olmeca en Dos Bocas.
Al cancelar la refinación interna, México dejaría de producir cerca de 750 mil barriles diarios de gasolinas y diésel, viéndose obligado a adquirirlos en el extranjero. A precios internacionales de combustibles terminados, esa factura de importación supera los 530 mil millones de pesos anuales en condiciones ordinarias, y rebasa los 630 mil millones de pesos ante tensiones en rutas marítimas estratégicas como el Estrecho de Ormuz.
Por otro lado, los 137 mil millones de pesos que Reforma y México Evalúa presumen como beneficio representan apenas una cuarta parte de los hasta 630 mil millones de pesos que el país tendría que desembolsar de forma forzosa para comprar en el exterior los combustibles necesarios para el transporte y la economía interna.
Además, al depender al 100% de la importación, el Ejecutivo Federal perdería su capacidad soberana de amortiguar choques externos mediante el estímulo al IEPS. Producir internamente permite al Estado fijar precios de referencia y estabilizar las tarifas de transporte y la canasta básica. No es casualidad que la OCDE reportó que México registró la inflación energética más baja entre sus 38 países miembros (apenas 0.9% anual en agosto), frente a promedios que superan el 13% en economías dependientes de la volatilidad del mercado internacional. Desmantelar la refinación nacional significaría importar directamente la inflación mundial a las gasolineras del país, desatando una espiral de aumentos en fletes, alimentos y productos de consumo diario.
La postura de México Evalúa y Reforma no responde a una auditoría técnica neutral, sino a una línea doctrinaria sostenida desde la Reforma Energética de 2013. Financiada históricamente por fondos corporativos locales, agencias de cooperación internacional como USAID y redes vinculadas a think tanks estadounidenses, esta corriente promueve la integración energética subordinada de América del Norte que reserva a México el papel de exportador de materia prima cruda y convertirlo en un mercado cautivo para los complejos refinadores del sur de Estados Unidos.
El objetivo de fondo no radica en sanear las finanzas de Pemex, sino en desmantelar la capacidad del Estado para procesar combustibles y reactivar un negocio privado de importación valuado en más de medio billón de pesos al año. Eliminar la refinación pública devolvería a las comercializadoras transnacionales, a los refinadores de Texas y a los intermediarios privados el control sobre el abasto nacional, trasladando los riesgos geopolíticos y la volatilidad de precios internacionales directamente a los consumidores en las estaciones de servicio.
