Con el decreto que clasificó al Tren Maya como un “asunto de seguridad nacional”, la administración legal del proyecto recae ahora en la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación (SG), aseveró el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
Puntualizó que el gobierno federal entregará este decreto al titular al juez que lo requirió a fin de que se avance la resolución de los amparos que se han otorgado a grupos sociales que se oponen al proyecto y que lo tuvieron detenido hasta que se emitió la declaratoria de seguridad nacional, cuando la autoridad federal reinició las obras.
– ¿Con la declaratoria de seguridad nacional, qué institución es legalmente hablando la responsable del Tramo 5? -se le preguntó esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.
— Creo que la Presidencia de la República o la SG, pero hay que verlo. Es un asunto de seguridad nacional, fue lo que hicimos en el aeropuerto y el juez tiene que resolver lo que está pendiente, que es otro asunto y ya lleva mucho tiempo –contestó el mandatario.
Y señaló directamente al titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez –quien requirió el decreto y otorgó los amparos—, de estar vinculado con el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, “que ahora es el asesor jurídico de Claudio X. González. Tenemos que batallar con eso, pero ahí vamos avanzando”.
Agregó que es precisamente la organización de ese empresario –uno de sus adversarios— la que financia, junto a asociaciones extranjeras, “a estos grupos de la llamada sociedad civil” que se han opuesto a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
“Es una violación flagrante a nuestra soberanía, una actitud injerencista (la acción de los organismos externos), eso no se puede permitir”, subrayó el titular del Ejecutivo federal.
Con estas intervenciones, dijo, se pretende frenar la obra pese a que la administración federal cuenta con todas las anuencias de los predios por los que pasará la vía y otros alcances del proyecto, tanto de propietarios, ejidatarios y pequeños propietarios.
Apuntó que con el decreto que clasifica la obra como de “seguridad nacional” el amparo otorgado por el juzgador ya no procede, por lo que no hay violación ni desacato judicial al reiniciar las obras.
La construcción del proyecto, sostuvo el mandatario, ahora está en manos directamente del Ejecutivo federal, únicamente en el tiempo que se termine la edificación del proyecto para evitar la campaña contra el mismo.
Hace unos días, Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo –instancia que hasta antes del decreto presidencial estuvo a cargo de este polémico tramo del Tren Maya—, aseveró que con la declaratoria de “seguridad nacional” el proyecto estaría a cargo de la SG o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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