Tribunal internacional favorece a México en disputa con Vulcan Materials; desestima  mayor parte de millonaria demanda

El Gobierno de México obtuvo un fallo ampliamente favorable en el arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, luego de que el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), rechazó la mayor parte de las reclamaciones presentadas por la compañía en torno a sus operaciones mineras en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Durante la Conferencia del Pueblo de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras ser cuestionada con respecto a esta resolución, pidió un mes para poder hablar totalmente de la resolución que condena al Gobierno de México a pagar una indemnización millonaria a  Vulcan Materials por clausurarle y declarar Área Natural Protegida a tierras de Calica. “Esto para no violar la parte  procesal, nos esperan un mes cuando ya no hay esa parte de confidencialidad”.

La resolución representa un avance significativo para el Estado mexicano en uno de los litigios de inversión más relevantes de los últimos años, ya que la empresa buscaba una indemnización cercana a mil 700 millones de dólares por las afectaciones que, a su juicio, le ocasionaron diversas decisiones adoptadas por autoridades mexicanas entre 2018 y 2022.

Sin embargo, el tribunal únicamente dio la razón a la empresa en un aspecto específico relacionado con la clausura de uno de los predios operados por Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), ocurrida en enero de 2018.

Como resultado, México deberá pagar una compensación de 17 millones de dólares, una cantidad que representa menos del 1% del monto originalmente reclamado.

Se informó que el laudo arbitral desestimó prácticamente todas las demás reclamaciones de la compañía, por lo que el Gobierno federal considera que el resultado favorece de manera general la posición jurídica del país. No obstante, señaló que el contenido de la resolución será analizado para determinar si existen acciones legales adicionales dentro del procedimiento internacional.

La controversia se originó a partir de las operaciones de Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde durante cerca de cuatro décadas la empresa extrajo piedra caliza destinada principalmente al mercado estadounidense; la explotación se desarrolló en una zona de alto valor ecológico y generó, con el paso de los años, cuestionamientos por sus posibles impactos sobre la selva, el subsuelo y los ecosistemas de la región.

A partir de 2018, diversas autoridades federales realizaron inspecciones y aplicaron medidas administrativas relacionadas con la operación de la empresa, argumentando incumplimientos en materia ambiental y de uso de suelo. Estas acciones derivaron en la suspensión de actividades extractivas y posteriormente en la clausura de algunas áreas del proyecto.

La compañía sostuvo que dichas medidas vulneraban las protecciones previstas para las inversiones extranjeras y decidió recurrir al mecanismo de solución de controversias del CIADI, organismo del Grupo Banco Mundial especializado en arbitrajes entre inversionistas y Estados.

El diferendo también estuvo marcado por la decisión del Gobierno mexicano de decretar los terrenos donde operaba Calica como parte del Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, una medida orientada a preservar la riqueza ambiental de esa región del Caribe Mexicano y evitar la reanudación de actividades mineras en el futuro.

Para el Gobierno federal, la protección del área respondió a criterios de conservación ambiental, mientras que la empresa consideró que esas acciones afectaron el valor de su inversión y limitaron de manera definitiva sus operaciones en el país.

Aunque el laudo obliga al Estado mexicano a cubrir una indemnización de 17 millones de dólares por una de las medidas impugnadas, el resultado reduce considerablemente el impacto financiero que habría representado una condena por el total de la demanda.

El caso también sienta un precedente sobre el equilibrio entre la protección de las inversiones extranjeras y la facultad de los Estados para adoptar decisiones relacionadas con la protección ambiental y el ordenamiento territorial.

Con la emisión del fallo, el procedimiento arbitral entra en su etapa final, aunque el Gobierno mexicano revisará el contenido íntegro de la resolución para determinar los pasos jurídicos que correspondan y cumplir con las disposiciones establecidas por el tribunal internacional.