La fortuna personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó aproximadamente 2 mil 700 millones de dólares desde que ganó las elecciones de 2024, mientras que los negocios de su familia y personas cercanas a su administración enfrentan cuestionamientos por posibles conflictos de interés y beneficios vinculados con decisiones gubernamentales.
De acuerdo con un análisis de Forbes, el patrimonio del mandatario se ha incrementado durante su segundo periodo presidencial, impulsado principalmente por inversiones en criptomonedas y acuerdos comerciales en el extranjero. La publicación estimó que su fortuna alcanzó alrededor de 7 mil millones de dólares en septiembre de 2026.
El crecimiento de sus negocios coincide con una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press y NORC, publicada este martes 13 de octubre, que muestra que una mayoría de los estadounidenses considera que Trump ha priorizado sus intereses financieros personales y los de su círculo cercano desde su regreso a la Casa Blanca.
Cuestionan sus negocios 6 de cada 10 ciudadanos
Según el sondeo AP-NORC, 41 por ciento de los adultos en Estados Unidos considera que Trump ha obtenido beneficios de la presidencia de manera ilegal, mientras que 18 por ciento cree que su conducta ha sido poco ética, aunque no necesariamente ilegal. Otro 18 por ciento considera que no ha hecho nada indebido y 21 por ciento dijo no tener información suficiente para emitir una opinión.
La encuesta también reveló que 56 por ciento de los participantes considera que el presidente ha dado mucha prioridad a sus negocios personales desde que volvió al poder. Una proporción similar, de 54 por ciento, opina lo mismo sobre los intereses comerciales de sus amigos y familiares.
En contraste, 23 por ciento considera que Trump ha priorizado mucho los intereses del país, mientras que sólo 11 por ciento cree que ha puesto ese nivel de atención en personas como ellos.
El estudio se realizó del 24 al 28 de septiembre de 2026 mediante entrevistas telefónicas y por internet a 2 mil 140 adultos estadounidenses, con un margen de error de más o menos 2.9 puntos porcentuales.
La Casa Blanca ha rechazado las acusaciones de conflictos de interés y sostiene que el presidente actúa en beneficio del país.
Criptomonedas, contratos y negocios familiares
Entre los casos señalados por La Jornada se encuentran las inversiones de empresas vinculadas con Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, en compañías que posteriormente han obtenido contratos o beneficios derivados de decisiones del Gobierno federal.
Uno de los ejemplos es Anduril Industries, empresa de tecnología militar para la que el Gobierno anunció un nuevo contrato de miles de millones de dólares. El medio mexicano reportó que 1789 Capital, firma en la que participa Trump Jr., es inversionista de la compañía. La relación ha generado cuestionamientos de legisladores demócratas sobre posibles beneficios indirectos para el entorno familiar del mandatario.
Representantes corporativos y de la Casa Blanca han rechazado que exista una relación entre las inversiones familiares y la asignación de contratos gubernamentales.
Otro caso involucra a Jared Kushner, yerno de Trump, cuyos negocios internacionales han sido objeto de escrutinio por la cercanía entre sus actividades empresariales y sus vínculos políticos. Entre sus proyectos se encuentra Brain Co., una empresa de servicios de inteligencia artificial creada junto con el exsecretario de Hacienda mexicano Luis Videgaray.
El reportaje también menciona a David Sacks, funcionario de la administración relacionado con la política tecnológica e inteligencia artificial, quien mantiene inversiones en empresas del sector, así como a familiares del secretario de Comercio, Howard Lutnick, por sus actividades comerciales.
Estas relaciones han reavivado el debate sobre los límites entre los intereses privados de funcionarios y familiares y las decisiones tomadas desde el poder público. Sin embargo, los casos citados no implican por sí mismos que se haya cometido un delito.
Regalos y donaciones bajo escrutinio
Las actividades de personas cercanas al presidente también han generado cuestionamientos por regalos y solicitudes de apoyo económico.
De acuerdo con el reportaje de La Jornada, Kimberly Guilfoyle, embajadora estadounidense en Grecia y expareja de Donald Trump Jr., habría solicitado a un donante republicano que cubriera una deuda de 100 mil dólares de una tarjeta de crédito. Según mensajes citados por The Wall Street Journal, Guilfoyle habría ofrecido ayudar al donante con asuntos legales y fiscales ante el Gobierno federal. El donante finalmente no envió el dinero y los abogados de la diplomática rechazaron las acusaciones.
Por su parte, Elon Musk, empresario y antiguo aliado político de Trump, destinó 276 millones de dólares a las elecciones legislativas intermedias, según cifras citadas por La Jornada a partir de información de The New York Times. Su participación lo coloca entre los principales financiadores privados del ciclo electoral.
El financiamiento político de grandes empresarios ha vuelto a generar debate sobre la influencia que las grandes fortunas pueden ejercer en las campañas y en las decisiones públicas.
Un debate sobre ética y rendición de cuentas
El aumento del patrimonio de Trump y los negocios de sus allegados han intensificado las discusiones sobre transparencia, ética gubernamental y posibles conflictos de interés durante su segundo mandato.
La encuesta AP-NORC refleja que las percepciones varían según la afiliación política: alrededor de ocho de cada diez demócratas consideran que Trump ha incurrido en acciones ilegales para beneficiarse de la presidencia, frente a cerca de tres de cada diez independientes y uno de cada diez republicanos.
Aunque la percepción pública no determina por sí misma la existencia de una infracción, los resultados muestran que los intereses financieros del presidente y de su entorno se han convertido en un tema de debate nacional en Estados Unidos, en vísperas de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
