La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en un paraíso fiscal de Barbados.
Así lo dio a conocer en la mañanera presidencial el titular de esa unidad, Pablo Gómez Álvarez, quien además informó que el juicio civil contra el ex funcionario calderonista continúa en una Corte de Florida, donde el gobierno de México reclama 634 millones de dólares.
Interrogado sobre si en las investigaciones contra García Luna se han encontrado nexos contra Calderón, el funcionario respondió que se analiza la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados.
“Es una cosa que no ha terminado todavía, vamos a ver quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos”.
Al presentar el estado del juicio presentado por México en la corte de Miami, Gómez Álvarez dijo que se encuentra en etapa de conciliación, previo a la etapa de deposición de las pruebas de cada una de las partes.
“Para lo cual el gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, tanto con los testigos como con la relatoría de los hechos.
Señaló que por decisión de la jueza del caso, México ha recuperado a la Tesorería de la Federación poco menos de 2 millones de dólares y se tienen asegurados 19 inmuebles en toda la trama de corrupción de García Luna y sus cómplices.
“En Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, ese es un tema exclusivo de México, lo que está sometido a la jurisdicción de Florida es que el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó a la persona que había gestionado los contratos multimillonarios, es decir a García Luna.
“Ya lo demostramos, porque el dinero que salió de México a Barbados luego llegó a Miami y por ese motivo ahí llegó el juicio”, comentó.
El titular de la UIF apuntó que la Corte de Florida tendrá que resolver sobre la base de cómo las empresas que fueron contratadas le entregaron dinero a García Luna.
“Era el contratante o el gestor, ese dinero es ilícito, así de sencillo, y por lo tanto el gobierno mexicano exige que se le devuelvan, porque es el origen del dinero y lo que va a resolver la juez es eso”.
Detalló Pablo Gómez Álvarez el avance en la demanda civil del Estado mexicano contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el que se reclaman 634 millones de dólares que fueron presuntamente desviados del erario a través de un conglomerado empresarial cercano a García Luna y que fueron transferidos, a través de paraísos fiscales, al estado de Florida, Estados Unidos, y fueron aplicados en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y otros activos.
El 21 de septiembre de 2021, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados. Al momento se tienen aseguradas 19 propiedades de Genaro García Luna y sus cómplices.
Posteriormente, los demandados presentaron diversas solicitudes de desechamiento de juicio, pero el juez de primera instancia las negó, luego esta resolución fue impugnada por apelación y se suspendió el juicio temporalmente, pero ya se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación. El siguiente paso es entrar en la presentación de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el Gobierno de México se está preparando, afirmó Pablo Gómez.
El titular de la UIF expuso 30 contratos que dependencias de Gobierno como el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la Policía Federal, llevaron a cabo con el Grupo Weinberg por un total de 288 mil 600 millones de pesos.
El Grupo Weinberg está integrado por Mauricio Samuel Weinberg López, quien tiene participación en 19 empresas, Jonathan Alexis Weinberg Pinto con participación en 30 empresas y sujeto a extradición en España y 80 empresas constituidas en diferentes países como Panamá, México y Estados Unidos.
Pablo Gómez informó que el Gobierno de México recuperó cerca de 2 millones de dólares “a través de una resolución judicial” tomada por el juez que lleva el juicio en Florida contra García Luna, después de que Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, se negara a comparecer ante la corte de Florida.
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