La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “combatirá enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios” y lo hará “con apego a la legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales”.
“No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia”, expuso Omar Reyes Colmenares, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la UIF, al comparecer ante senadores y diputados de la Tercera Comisión de la Permanente.
“Fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil, ampliaremos los programas de capacitación en prevención del lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero”, planteó ante legisladores dentro del proceso para su ratificación.
La UIF, insistió, “se consolidará como una aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas”.
Durante la comparecencia, legisladores de la oposición, entre ellos el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, destacaron la trayectoria de Reyes Colmenares, quién es especialista en seguridad, inteligencia y sistema penitenciario, con dos décadas en combate a delincuencia organizada, inteligencia financiera y cooperación internacional y ha colaborado con la entonces PGR, la AFI, la Policía Federal, Interpol México y la SSPC.
Al respecto, Reyes Colmenares explicó que esa experiencia de más de dos décadas en seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado le ha permitido comprender cómo se mueve el dinero ilícito y cómo rastrearlo para judicializar casos, recuperar activos y prevenir que el sistema financiero sea utilizado con fines ilegales.
Su nombramiento, aclaró, “no es solo un reconocimiento profesional sino una encomienda de Estado”. Se comprometió a fortalecer la UIF como pilar del sistema financiero y socio confiable en la estrategia de seguridad nacional, aplicando inteligencia para “neutralizar amenazas desde sus orígenes” y rastrear dinero ilícito hasta su recuperación.
En ese sentido, recalcó, la UIF tiene la misión de proteger la estabilidad del sistema financiero mexicano, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos públicos lleguen a su destino, siempre respetando el debido proceso y los derechos humanos.
“La UIF actuará con legalidad, imparcialidad y ética, enfocada en cortar los flujos financieros que sostienen la corrupción y el crimen organizado, sin perseguir a nadie por motivos políticos o personales”, afirmó.
Asimismo, resaltó que su experiencia está orientada a fortalecer la colaboración con la sociedad civil, impulsar la denuncia ciudadana y mejorar la interoperabilidad de las bases de datos para anticipar riesgos financieros y detectar patrones ilícitos, consolidando a la UIF como una institución confiable y estratégica para el Estado mexicano.
En la sesión de preguntas y respuestas, dijo que hay una coordinación internacional para desarticular a organizaciones criminales que utilizan la banca para blanquear recursos de procedencia ilícita. Se identifican, dijo, para entregarlos a la Fiscalía General de la República (FGR).
Advirtió que las amenazas evolucionan con nuevas tecnologías, como los activos virtuales, y que la UIF debe anticiparse. Recordó que México está en la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), por lo que su gestión buscará que “el sistema financiero no sea vehículo de impunidad y que ninguna persona, institución o red criminal esté por encima de la ley”.
Durante esa reunión de la Tercera Comisión de la Permanente, compareció también María del Carmen Bonilla propuesta por la Presidenta Sheinbaum como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, plaza que estaba vacante desde marzo, cuando Édgar Amador Zamora pasó de ocupar ese cargo a encabezar la SHCP.
En su intervención, Bonilla recordó que actualmente se elabora el paquete económico, alineado con el Plan México, que contempla 13 metas para reducir la pobreza y desigualdad, y un portafolio de inversiones de 277 mil millones de dólares. Destacó que “la inversión pública se mantiene como herramienta central para el desarrollo sostenible” y que el financiamiento a proyectos estratégicos debe impulsar crecimiento, empleo y desarrollo regional con participación privada.
Recalcó que el entorno actual es complicado, sobre todo en un escenario de aplicación de aranceles del gobierno de Donald Trump y el riesgo de inflación en el vecino del norte, la incertidumbre generar que la inversión no se materialice rápido.
Pese a ello, dijo, la manera en que se manejan las finanzas es la correcta, con variables de ajuste para apuntalar el crecimiento económico.
Más tarde serán ratificados por el pleno de la Comisión Permanente.
