El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a las autoridades judiciales resolver si procede o no la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega —ex integrante del Cisen que es señalado como un probable segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio— o de lo contrario “quedaría la sospecha de la complicidad del Poder Judicial.
Interrogado en la mañanera sobre la nueva línea de investigación sobre el segundo tirador que abrió la Fiscalía General de la República (FGR), el mandatario federal rechazó que este enfoque sea un intento de su parte para politizar el caso en pleno proceso electoral.
Señaló que la FGR abrió una nueva línea de investigación donde se ubica a ese segundo tirador y solicitó su orden de aprehensión a un juez, sin embargo, el togado no la concedió, por lo que el Ministerio Público apeló.
“Y tienen que resolver, porque de lo contrario quedaría desde luego la sospecha de la complicidad del Poder Judicial”, subrayó.
Interrogado sobre si sería necesaria la declaración de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y quien de acuerdo a la nueva indagatoria habría rescatado al segundo tirador, el tabasqueño consideró que primero se tiene que resolver si procede o no la detención de Sánchez Ortega.
Aclaró que la nueva línea de investigación se abrió luego que Mario Aburto, quien fue sentenciado por el asesinato de Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, y está preso, recurrió a la defensoría de oficio del Poder Judicial y solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revisar la investigación.
Este organismo pidió entonces a la FGR analizar el caso o reabrir la investigación, y la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero reinició los trabajos.
“Y ya tiene todos los elementos para sostener, según la Fiscalía, de que sí hubo un segundo tirador y que fue este elemento del Cisen, del espionaje del gobierno, y que en la investigación de la Fiscalía aparece que lo detienen cuando va huyendo, que él sostiene que se manchó de sangre porque ayudó a los camilleros para trasladar el cuerpo a la ambulancia y está la otra versión que lo detienen cuando va huyendo”, planteó López Obrador.
Remarcó que algo que muy pocos sabían es que, con base en la nueva indagatoria, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna —que en 1994 era miembro del Cisen— fue a buscar y a rescatar a Sánchez Ortega.
“Entonces, con todos estos elementos de la Fiscalía, los perversos no podrían aceptar de que yo estoy ajeno a todo eso”.
El jefe del Ejecutivo refirió que él supo de esta nueva investigación hace apenas tres meses.
“No voy a estar yo tramando algo con propósitos politiqueros, no es mi manera de ser, nunca lo he hecho”. Y remarcó que no puede dar órdenes al fiscal general.
Sánchez Ortega el “revivido” segundo tirador
Aunque parece tener un “tufo” de intención electorera el señalamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, como el segundo tirador en el crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta, efectivamente hay muchos aspectos que quedaron sin aclarar.
A unos meses de conmemorarse el 30 aniversario del asesinato de Colosio Murrieta en Lomas Taurinas de Tijuana, la FGR dio a conocer que encontró elementos para considerar que el hombre, en ese entonces de 32 años, habría sido quien disparó al abdomen del candidato priista a la presidencia de la República.
Según datos en poder de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), y que quedaron consignados en el libro ¡Complot!, Sánchez Ortega habría sido considerado por la autoridad investigadora, desde la noche del crimen, como uno de los sospechosos junto con Mario Aburto Martínez.
Tras los hechos criminales, policías y elementos del Estado Mayor Presidencial detuvieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega y a Vicente Mayoral, este último que se lanzó sobre quien luego fue identificado como Mario Aburto Martínez, acusándolo de haber disparado contra Colosio Murrieta.
Pero sin mayor explicación, y bajo la autoridad del entonces procurador general de la República, Diego Valadez, las autoridades federales dejaron en libertad -y sin ninguna responsabilidad- a Sánchez Ortega y Vicente Mayoral, aunque posteriormente, capturaron y acusaron a este último, sin volver a recordar -por ninguna razón- al agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), dependiente de la Secretaría de Gobernación, no obstante las múltiples pruebas en su contra.
Además de haber resultados positivos en la prueba que demostraba que Aburto y Sánchez Ortega habían accionado un arma, también resultaron positivos al consumo de drogas como marihuana y sustancias químicas, a diferencia de Mayoral quien salió negativo en esos exámenes.
Según las pruebas de radiosonato de sodio aplicadas en aquel 1994, tanto a Mario Aburto como a Sánchez Ortega les detectaron residuos de plomo y bario por disparo de arma de fuego en el palmar y dorsal derechos, en tanto que fue negativo en el palmar izquierdo y positivo en el dorsal de esa misma mano.
Sánchez Ortega en sus declaraciones ante la autoridad Federal, habría asegurado que se encontraba a 700 metros de donde ocurrieron los hechos, cuando fue informado de un posible hecho delictivo, y que tras el alboroto que se dio en el lugar, corrió hacia su vehículo; subió a este y empezó a establecer comunicación con su oficina.
Dijo no haber estado cerca del candidato en ningún momento y comentó que, probablemente, la manga de su chamarra se manchó con la sangre, que luego se determinó que correspondía al candidato, porque quienes lo trasladaban hacia una unidad para su atención médica, pasaron rozándolo.
Sin embargo, esto difiere de la declaración del entonces jefe de distrito de la zona (correspondiente a Otay), Carlos Federico Torres Ramírez quien comentó que cuando se trasladaba a otra de las salidas, por instrucciones recibidas, se percató que Sánchez Ortega corría “en plan de fuga” y que tenía manchas de sangre en su chamarra.
Lo alcanzó y lo detuvo, para luego esposarlo en su propio vehículo (el del agente del Cisen), ya que se le estaba solicitando que se identificara.
En principio dijo ser un elemento del Estado Mayor Presidencial, pero ante una nueva exigencia para que se identificara afirmó que era un agente de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, al no mostrar credencial alguna el oficial policiaco lo detuvo y esposó.
Primero fue trasladado a las instalaciones de la Policía Judicial del Estado en el sector Oriente, y posteriormente fue remitido a las oficinas principales de la Procuraduría de Justicia del Estado en Tijuana, en tanto que funcionarios de primer nivel, determinaban los pasos a seguir.
Varias fuentes informaron en ese entonces haber recibido presiones para que Sánchez Ortega quedara en libertad, pero finalmente lo entregaron a la PGR, después de que el presidente Carlos Salinas de Gortari informó telefónicamente al gobernador de la entidad, Ernesto Ruffo Appel, que la federación se haría cargo de las investigaciones del crimen.
En la General de la República, Sánchez Ortega, considerado como “participe” en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, fue fichado y sujeto a investigación por el Ministerio Público Federal, que lo incluyó dentro de la averiguación previa 793-94, que se abrió en contra de Mario Aburto Martínez.
El agente del ministerio público Ail Reybel Arista Chávez, ordenó que se hicieran los estudios correspondientes para determinar la posición de víctima-victimarios y giró instrucciones para que se practicara un estudio en el lugar de los hechos, pero a unas cuantas horas, el mismo ministerio público emitió otro documento, en el que solicitó la libertad “con reservas de ley” de Jorge Antonio Sánchez Ortega y Vicente Mayoral Valenzuela, argumentando que no existían imputaciones en su contra, además de que “no se vislumbraban elementos que pudiesen involucrarlos en esa misma averiguación” que Mario Aburto encabezaba como “actor” principal.
En su momento, Ernesto Ruffo Appel declaró a la autora de ¡Complot! Dora Elena Cortés, que le informó al procurador general de la República, Diego Valadez, que un agente del Cisen fue detenido en el lugar de los hechos “mientras huía” y, que se comprobó que disparó un arma de fuego: “Pero el procurador sólo se me quedó mirando y no me respondió absolutamente nada”, dijo el ensenadense.
Ante la serie de publicaciones realizadas en El Universal por los autores del libro, la Secretaría de Gobernación en un comunicado oficial, señaló que efectivamente, Sánchez Ortega era un agente adscrito al Centro de Información y Seguridad Nacional, pero justificó que la prueba de radizonato de sodio “le resultó parcialmente positiva” y que si traía sangre en su chamarra era “porque auxilió a conducir al candidato hasta la ambulancia”, lo que Sánchez Ortega no manifestó en su declaración inicial.
También esta secretaría aseguró que su agente siempre se mantuvo a 200 metros de distancia del candidato, no obstante que en conferencia de prensa a medios extranjeros, ofrecida el 28 de marzo de 1994, uno de los sub procuradores de la república, refirió que estuvo a una distancia de 60 metros del candidato, mientras que en su declaración inicial, Sánchez Ortega habló de más de 700 metros.
De Sánchez Ortega se supo después de los hechos, que fue trasladado a la Ciudad de México. Él comentó a cercanos que habría sido “el sexto pasajero” en el avión en que llevaron a Mario Aburto a la capital de la república, ya que le pidieron “hacerse pasar por otro detenido” para sacarle mayor información al presunto asesino solitario y lo último que ya se pudo saber, es que habría sido enviado a Baja California Sur, a raíz de que se empezó a mencionar su posible participación en los hechos.
La FGR acusó que un juez Federal desestimó su reciente petición para la detención de Sánchez Ortega, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este día, que estarían impugnando esa decisión judicial.
Al margen de la mención de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del país otras de las pruebas que la ahora FGR debe tener contra Sánchez Ortega, sí estarían fundamentadas, ya que la misma noche del crimen se tomaron las primeras declaraciones y recogieron pruebas de los hechos.
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