En su primera aparición juntos después del proceso electoral del pasado domingo en el que perdieron cuatro de las seis gubernaturas en disputa, los presidentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que propondrán una moratoria a reformas a la Constitución en el Congreso, a fin de evitar la aprobación de iniciativas del Ejecutivo en materia electoral y Guardia Nacional.
Asimismo, luego de que han reclamado que el crimen organizado participó en los pasados comicios, destacaron que propondrán la creación de una Comisión Legislativa que investigue la participación del crimen organizado en “el Estado”.
Tanto Cortés como Moreno aseveraron que no renunciarán a las dirigencias de sus partidos, a pesar de los reclamos de sus militantes por la debacle en el proceso electoral del pasado domingo.
Los tres dirigentes manifestaron que a pesar de todo “el aparato de Estado que se utilizó por parte de Morena para obtener las seis gubernaturas la coalición Va por México ganó en dos de manera contundente, Durango y Aguascalientes”.
Manifestaron que la elección de Tamaulipas se irá a los tribunales y la candidata priísta al gobierno de Hidalgo Carolina Viggiano dijo que hará un pronunciamiento sobre la elección en esa entidad que incluirá “la participación del Estado, así como la del gobernador de esa entidad”.
Los tres dirigentes partidistas, a falta de propuestas, declaran la guerra al gobierno del Presidente López Obrador y firman un plan de ataque el cual tiene como objetivo paralizar los cambios legislativos necesarios para el país.
Moreno dijo que los candidatos de la coalición en Hidalgo fueron objeto de un vil ataque incluso, subrayó “desde la mañanera Carolina Viggiano se le mencionó en siete ocasiones e insistió que la coalición denunció desde 2021 la participación del crimen organizado en los procesos electorales de ese año, así como en los actuales. Recalcó que “fue una elección de Estado donde la complicidad y la delincuencia se están convirtiendo en algo normal en el gobierno federal”.
El dirigente nacional panista, Cortés refirió que desde 2021 los ciudadanos pidieron a la oposición unirse para ponerle un alto a la corrupción y por ello formaron la coalición. “Un primer objetivo que logramos como coalición fue evitar la aprobación de la ley Barlett, logramos 200 legisladores para rechazarla y ahora buscaremos frenar violaciones a la constitución”.
De esa forma, planteó una moratoria legislativa, esto es, que los legisladores de la oposición no aprobarán en lo que resta de esta legislatura ninguna reforma a la carta magna incluidas la electoral y la de la Guardia Nacional.
Moreno a su vez planteó que propondrán la creación de una comisión legislativa investigadora de la participación del crimen organizado con el Estado mexicano.
El dirigente perredista resaltó que empezarán a trabajar con sus militantes y con ciudadanos, cada partido por separado con miras a las elecciones del Estado de México y Coahuila en 2023 y se analizarán las mejores propuestas para la coalición.
“Durante el tiempo que resta de esta legislatura no se aprobará cualquier modificación a la Constitución que atente a la democracia mexicana”, aseguró Cortés Mendoza, dirigente del PAN.
Insistió que la coalición “frente a las violaciones al marco legal del país ha denunciado que la democracia y la Constitución están en amenaza permanente desde Palacio Nacional”.
Y puso como ejemplo, la Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, la cual, dijo amenaza al Instituto Nacional Electoral (INE).
Pese a la aplastante derrota sufrida el pasado domingo, ninguno de los tres dirigentes partidistas renunciará a seguir succionando de la ubre de su organismo.
“Que quede bien claro, no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE, ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, sostuvo.
En ese sentido, Cortés Mendoza aseveró que Morena y sus aliados “no sólo han ignorado la opinión y puntos de vista de los legisladores, sino también de los expertos, especialistas, académicos y ciudadanos en general que han participado en los ejercicios de Parlamento Abierto”.
Ante ello, agregó que el Presidente y legisladores han demostrado “una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática, así como a los procesos constitucionales de discusión y aprobación de leyes y reformas”.
La moratoria constitucional firmada por la coalición señala que: durante el tiempo que resta a la LVX Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, refiere a las y los diputados, y senadores que presidan y participen en los órganos de Gobierno, así como en las comisiones o grupos de trabajo, participarán sólo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar cursos y trámite al proceso legislativo.
También menciona que estarán “muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuarán recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Como oposición continuarán impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria que mejores en cualquier aspecto la calidad de vida, de salud, económica y de seguridad de las y los mexicanos, y todos aquellos otros temas que fomenten la democracia.
Finalmente, los dirigentes de oposición sostuvieron que por “más ataques y calumnias” presentadas en su contra, la coalición seguirá unida.
También te puede interesar:
