Valida la Corte orden de arresto contra García Cabeza de Vaca
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres, que revoca el amparo en revisión 435/2025 concedido al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra la segunda orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proyecto fue aprobado por unanimidad. No obstante, los ocho ministros formularon observaciones sobre la metodología y los argumentos planteados, mismas que la ponente aceptó incorporar en el engrose.
La orden de captura podrá ejecutarse una vez que el máximo tribunal emita el engrose de la sentencia y la notifique al juez de control con sede en Almoloya de Juárez, quien deberá proceder conforme a lo resuelto.
En los puntos resolutivos se establece: primero, se revoca la sentencia recurrida; segundo, la justicia federal no ampara ni protege al quejoso contra la orden de aprehensión dictada por el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (Altiplano).
El proyecto de amparo en revisión 435/2025, a cargo de la ministra Lenia Batres, tiene como antecedente denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita atribuidas al exgobernador de Tamaulipas.
En 2021, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia, la cual fue aprobada. Posteriormente, un juez concedió una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque la negó por defraudación fiscal equiparada.
En agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esa orden al considerar que se invadieron facultades del Congreso de Tamaulipas. Tras dejar el cargo en octubre de 2022, la Fiscalía solicitó nuevamente la orden de aprehensión, que fue concedida.
Francisco García Cabeza de Vaca promovió un amparo indirecto. Aunque inicialmente la sentencia fue revocada para reponer el procedimiento, el juzgado volvió a concederle la protección federal, lo que derivó en la revisión que actualmente analiza la Corte.
El 30 de noviembre de 2023, el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas dictó una segunda sentencia en el juicio de amparo indirecto promovido por García Cabeza de Vaca. En su resolución, sobreseyó el caso respecto de algunas autoridades señaladas como responsables y concedió el amparo para dejar sin efectos la orden de aprehensión.
El juzgado ordenó emitir una nueva resolución en la que se establezca que no existen elementos suficientes para acreditar la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni la participación del quejoso.
Tras esta decisión, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la FEMDO y al propio juzgado interpusieron recursos de revisión entre diciembre de 2023 y enero de 2024, inconformes con la sentencia.
El panista Francisco García Cabeza de Vaca (1967) gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022. Ha sido señalado por la FGR por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde se detectó una denuncia por más de 951 millones de pesos en bienes y recursos no explicados, y triangulaciones financieras por al menos 42 millones de pesos que habrían beneficiado al mandatario estatal y sus prestanombres a través de empresas fachada. Actualmente se encuentra en Estados Unidos ya que cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.
El ex gobernador de Tamaulipas (2016-2022), está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, que había sido frenada por un juez de distrito, por lo que dio luz verde a que se ejecute.
Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que revocó el amparo que concedió en 2023 una juez federal al panista y que evitaba su detención. No obstante, los ocho ministros formularon críticas a la metodología y a diversos argumentos de la propuesta, por lo que la ponente prometió atender algunos comentarios en la redacción de la sentencia final.
La Corte concluyó que el juez de amparo rebasó los límites del control constitucional al realizar una valoración sustantiva de los datos, propia del proceso penal y no de una etapa preliminar. “El juicio de amparo no es un espacio para anticipar el debate probatorio ni para exigir un estándar de acreditación superior al previsto en el artículo 16 constitucional”, señaló Batres.
La orden de captura se reactivará una vez que la Corte emita el engrose y lo notifique al juez de control en Almoloya de Juárez, quien deberá ejecutarla conforme a lo resuelto.
Con su fallo, el máximo tribunal fijó el criterio de que para librar una orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la existencia de delito y la probable participación del imputado.
El caso surgió por denuncias presentadas en julio y noviembre de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República contra el político panista por presunto lavado de dinero.
La acusación señala un esquema de triangulación de recursos en contratos de obra pública en Tamaulipas, transferencias entre empresas y una operación inmobiliaria, con indicios como discrepancias entre ingresos y depósitos, reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y un certificado de 7 millones de dólares a nombre de su madre.
El 23 de febrero de 2021, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del entonces gobernador, lo que fue aprobado el 30 de abril; el 18 de mayo se libró una primera orden de aprehensión, que en agosto de 2022 fue invalidada por la Corte al considerar que invadía facultades del Congreso de Tamaulipas mientras seguía en el cargo.
Tras concluir su mandato el 30 de septiembre de 2022, la FGR obtuvo una segunda orden el 4 de octubre por delincuencia organizada y lavado de dinero. El ex mandatario promovió un amparo, concedido en noviembre de 2023 por una jueza federal por insuficiencia de pruebas, pero el caso fue atraído en 2025 y la Corte revocó la sentencia y negó la protección.
García Cabeza de Vaca afirmó que la SCJN perdió su autonomía y su situación deriva de su confrontación legal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus denuncias de una presunta red de huachicol fiscal. En un video en redes sociales, advirtió que “cuando se pierde la autonomía, la justicia pasa de ser un contrapeso y se convierte en herramienta de la persecución política”.
También acusó al partido Morena de buscar someter al Poder Judicial y señaló que la Corte persigue a un opositor. Reprobó que el asunto avanzara con la nueva integración y la ministra Batres Guadarrama, y afirmó que el proceso sigue abierto: “Este juicio aún no es definitivo; mi situación jurídica no está resuelta y no se me ha imputado ningún delito”.
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