La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaración de validez de la elección para la gubernatura de Hidalgo y la expedición de la constancia de mayoría a favor de Julio Ramón Menchaca Salazar, de la coalición encabezada por Morena.
El PAN impugnó el dictamen del tribunal de Hidalgo y solicitó la nulidad de los comicios del 5 de junio, por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de distintos niveles de gobierno, entre otras razones.
Por unanimidad, el TEPJF aprobó el proyecto en el que se concluye: “si bien se acreditó la existencia de conductas que transgredieron los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda, no son de la magnitud suficiente para considerar que afectaron el resultado de la elección”.
En el caso del jefe del Ejecutivo, se dijo que sus declaraciones emitidas en una conferencia matutina, relacionadas con la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Carolina Viggiano (sobre una supuesta posición contra las pensiones para adultos mayores) tuvieron un grado de incidencia, pero no se prueba que impactaron “en forma trascendente” en el resultado de la contienda.
Si bien la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 30 por ciento (más de 300 mil votos), también se recalcó que en seis actos proselitistas participaron funcionarios en favor de Menchaca.
Carolina Viggiano, candidata perdedora del PRIANRD, acusó que durante las concentraciones en las que participaron algunos funcionarios se cometieron violaciones a los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad.
Lamenta el fallo la priísta Carolina Viggiano
En tanto, la priísta Carolina Viggiano dijo ayer que un triunfo obtenido mediante la violación a la ley jamás podrá ser considerado legítimo, luego de que la Sala Superior del TEPJF validó el triunfo de Julio Menchaca, aunque reconoció violaciones graves a los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral.
Además, lamentó “el triste papel” del TEPJF por su fallo, pues “en este país se puede cometer violencia política de género, difamar, injuriar, usar programas públicos, tiempos oficiales y no pasa nada”.
El 5 de septiembre, en la explanada de Plaza Juárez de Pachuca, Menchaca Salazar rendirá protesta como nuevo gobernador de Hidalgo para el periodo 2022-2028.
Tras un recurso de inconformidad interpuesto por la vulneración a los principios de imparcialidad, turismo electoral y otras irregularidades que no fueron suficientes para determinar la nulidad de la gubernatura, las y los magistrados determinaron su validez por unanimidad.
A pesar de que Morena le solicitó al Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón abstenerse de participar por haberse reunido con la excandidata de oposición, Carolina Viggiano, sí votó el proyecto.
Luego de haber sido programado para el miércoles, el proyecto se pospuso para determinar la viabilidad de la participación del magistrado Rodríguez Mondragón.
En su participación, el magistrado presidente recordó algunas reuniones en las que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno, en las que se cometieron violaciones a los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad.
“Sin embargo, en mi opinión, la trascendencia de la asistencia o participación de dichos servidores en los eventos denunciados no puede analizarse de manera aislada, como si cada evento o persona hubiera tenido una decisión esporádica o como si un funcionario de nivel federal no tuviera un impacto significativo a nivel local”, destacó.
Por ello, llamó a realizar otro análisis para determinar el carácter generalizado y sistemático de dichos eventos, producto de una serie de irregularidades que no fueron debidamente analizadas por el Tribunal local.
Entre las irregularidades, mencionó la vulneración a la equidad, imparcialidad y neutralidad de la contienda por parte del Presidente de la República y otros funcionarios; la propaganda vinculada con la revocación de mandato, así como difusión de propaganda y violencia calumniosa.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentó que el resultado de la elección fue producto de una serie de irregularidades que no fueron debidamente analizadas por el Tribunal local.
Entre las anomalías mencionó la vulneración a la equidad, imparcialidad y neutralidad de la contienda por parte del Presidente de la República y otros funcionarios; la propaganda vinculada con la revocación de mandato, así como difusión de propaganda calumniosa y violencia calumniosa.
Si bien no hay elementos suficientes para anular la elección, según la magistrada Janine Otálora, se debe mandar un mensaje claro al Instituto Nacional Electoral para que sea “más proactivo” en identificar fenómenos como el “turismo electoral”, así como sus consecuencias. “De lo contrario, nos podríamos encontrar ante un fraude que podría poner en peligro la certeza de los resultados de las elecciones locales y federales en el futuro”, advirtió.
También te puede interesar:
