Por lo menos 18 personas que fueron detenidas durante la marcha convocada por la generación Z fueron presentadas ante jueces de control en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se desarrollaron –por separado– las audiencias en su contra; cinco fueron vinculados a proceso, pero continuarán en libertad, mientras otros cinco permanecerán con la medida cautelar de prisión preventiva hasta que se defina su situación jurídica.
Anoche se esperaba la resolución de una cuarta audiencia en contra de ocho sujetos, tres por tentativa de homicidio; en el resto se reclasificó su delito a lesiones. Pasadas las 22 horas se solicitó un receso.
Ayer por la tarde se realizaron las audiencias por separado, en las que el Ministerio Público de la fiscalía capitalina imputó los delitos de lesiones a dos personas, y lesiones y robo a ocho más.
Pasada las 13 horas se desarrolló la primera audiencia en contra de siete jóvenes, en la cual el juez de control resolvió vincular a proceso a Daniel David Rocha y José Luis Matus por lesiones dolosas y robo. Sin embargo, se les fijó la medida cautelar de firma periódica cada 15 días, por lo que llevarán su proceso en libertad.
En tanto, cinco sujetos solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras se realiza la continuación de la audiencia el próximo viernes.
La segunda audiencia se realizó en contra de Enrique Sosa, quien fue vinculado a proceso por lesiones y se le impuso la medida cautelar de firma periódica.
A las 16 horas comenzó la tercera audiencia en contra de dos personas por el delito de lesiones. En la misma, el juzgador determinó vincularlos a proceso con la medida cautelar de firma periódica, por lo que continuarán en libertad.
A la misma hora se inició una cuarta audiencia en contra de ocho personas, pero al cierre de la edición se solicitó un receso.
Buscan deslindarse
Por los hechos ocurridos el sábado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que partidos de oposición como el PRI, que han ofrecido asesoría a las personas detenidas, buscan deslindarse públicamente de esa violencia, ya que pareciera que dichos institutos políticos la están “solapando”.
Sobre la convocatoria a una nueva marcha mañana 20 de noviembre, subrayó que se toman las previsiones para que el desfile con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana se realice de manera pacífica.
En tanto, la bancada de Morena en el Congreso local señaló que instalará una comisión especial a fin de investigar a fondo “quién está detrás” de los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la llamada generación Z.
Se trata de una solicitud que se formalizará este miércoles con la presentación de un punto de acuerdo; esto, al considerar que los actos no fueron espontáneos, sino producto de una estrategia coordinada y premeditada por grupos conservadores –incluido el Partido Acción Nacional–, que buscan fabricar una falsa narrativa de represión.
Alessandra Rojo niega participación
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó haber condicionado a comerciantes de la demarcación para asistir a la marcha de la llamada Generación Z. En conferencia de prensa, afirmó: “Nunca he obligado, ni obligaré a nadie a asistir a una manifestación” y agregó que su relación con los mercados y los comercios “es de respeto” y “siempre dentro de la ley”.
Ante el presunto caso de presión al comercio en vía pública, que llevó a legisladores de Morena a abrir una indagatoria, afirmó que el video difundido en redes sociales fue “producido sin nombre, sin datos y sin verificaciones” y que no se tienen registros del comerciante en la Lagunilla. La alcaldesa también descalificó a la diputada Diana Sánchez Barrios, quien ha pedido investigarla, y aseguró que el gobierno federal “criminaliza la protesta” y utiliza instituciones para perseguir a la oposición.
La funcionaria atribuyó la movilización a un hartazgo juvenil frente al abandono, la inseguridad y la falta de oportunidades y acusó que decenas de cuentas en redes sociales vinculadas a Morena difundieron el video “sin pruebas” para responsabilizarla de convocar a la protesta. “Me señalaron a mí, entre muchas otras personas, de estar detrás de estas manifestaciones, de financiar y de provocar”, apuntó.
En contraste con la postura de la jefa de Gobierno, Clara Brugada –quien negó una orden de represión durante la manifestación–, Rojo de la Vega acusó sobre un “uso excesivo, brutal y desproporcionado de la fuerza” pública en el Zócalo y sostuvo que hubo más de 40 detenciones sin datos ingresados al Registro Nacional de Detenciones. Informó que “no existió folio porque el sitio web se cayó”, lo que impidió ubicar a los detenidos, conocer los motivos de su arresto o qué cargos les imputaron, “no se tuvo un debido proceso”, dijo.
Familiares y amigos de personas detenidas durante la marcha de la Generación Z, en el Zócalo capitalino, permanecieron afuera de la agencia del MP Cuau 1, ubicada en la zona de Tlateloco.
Refirió que en el Juzgado Cívico “se tuvieron 122 detenciones por armas o sustancias peligrosas; en el Ministerio Público hubo 16 detenciones, un menor fue liberado y los otros 15 fueron trasladados al reclusorio”. Agregó, existen dos carpetas de investigación, “siete masculinos por lesiones, seis masculinos y dos femeninas por tentativas de homicidio”.
A su vez, criticó la falta de una comitiva de Derechos Humanos acompañando a las familias y denunció presuntas torturas hacia grupos de estudiantes, aunque no presentó evidencias más allá de referir testimonios de familiares que, dijo, pidieron no hacer públicas sus identidades para evitar represalias hacia los 15 detenidos que fueron trasladados al reclusorio norte.
