Dos funcionarios adscritos al área migratoria fueron vinculados a un proceso penal tras ser señalados por su presunta implicación en actos de cohecho de acuerdo con información confirmada por la autoridad ministerial federal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la resolución judicial que vincula a los agentes identificados como Pelagio “H” y Edson Josimar “O”, se deriva de una investigación iniciada a partir de la difusión de material audiovisual en plataformas digitales.
El expediente de la dependencia detalla que el caso comenzó cuando en redes sociales circuló un video en el que, aparentemente, ambos servidores públicos solicitaban pagos indebidos a personas extranjeras que buscaban ingresar a territorio nacional.
Los hechos habrían ocurrido en diciembre del año pasado dentro de las instalaciones del puente internacional “Puerta México”, específicamente en oficinas correspondientes a la representación local del Instituto Nacional de Migración (INM) en Matamoros, Tamaulipas.
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Tras la viralización de las imágenes, el propio INM procedió a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. Esta instancia abrió una carpeta de investigación con el propósito de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público adscrito a dicha fiscalía presentó diversos elementos de prueba considerados suficientes para sustentar la acusación.
Con base en estos datos, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a los dos imputados y estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más evidencias y se fortalecerá el caso.
En redes sociales circuló un video en el que, aparentemente, ambos servidores públicos solicitaban pagos indebidos a personas extranjeras que buscaban ingresar a territorio nacional Foto: Captura de Pantalla
El avance del proceso judicial no implica una condena automática. Conforme al marco legal vigente, las personas involucradas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
En ese sentido, la FGR preciso que “A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.”
Las autoridades federales continúan con las diligencias correspondientes, en tanto el caso se mantiene bajo seguimiento por parte de las instancias encargadas de combatir prácticas de corrupción dentro del servicio público.
Con Información de la FGR
