Vinculan a proceso al agresor de saxofonista

María Elena Ríos Ortiz, activista y saxofonista que fue atacada con ácido en 2019, compartió que su agresor Juan Antonio “N” tiene un auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Logramos la vinculación a proceso de Juan Antonio ‘N’, seguirá el proceso en la cárcel. Voy por la captura de su hijo”, dijo Ríos Ortiz.

“La comisión de hechos que la ley señala como delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo perpetrado en agravio de la víctima de identidad con las iniciales M.E.R.O. y por las consideraciones vertidas en la presente resolución se confirma el auto de vinculación a proceso”, se lee en la imagen del documento compartida.

Protesta de María Elena Ríos frente a Palacio Nacional.

Previamente, Elena Ríos había protestado el pasado martes 31 de mayo afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que interviniera para que su presunto agresor no salga de prisión preventiva esta semana.

La música se presentó en el Zócalo capitalino con una pancarta que leía “Juan Antonio ‘N’ y su familia están sobornando a la sala y magistrados para salir de prisión preventiva. Presidente AMLO, ¡ayúdeme!”.

El exdiputado del PRI y atacante de la saxofonista, Juan Antonio «N».

Ríos acusó al exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal de supuestamente sobornar a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que resuelvan a su favor en la deliberación de un amparo que presentó para salir de prisión preventiva, sin embargo, la resolución favoreció a la víctima del ataque con ácido.

Ayer 2 de junio, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ya hay tres detenidos por el intento de feminicidio, sin embargo, sigue prófugo Juan Antonio “V”, hijo de Juan Antonio “N”.

Además, señaló que se renovó la protección de la saxofonista en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.