Un juez federal determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dentro de un proceso penal en el que se le atribuye su probable responsabilidad en el delito de peculado.
La resolución fue emitida tras una audiencia en la que la parte acusadora representada por una fiscalía federal expuso presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos federales.
La imputación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que sostiene que durante su administración se habría realizado el desvío de fondos que estaban etiquetados para un programa de apoyo a personas con discapacidad en el estado. Según los datos expuestos ante el juzgador, el monto involucrado rondaría los cinco millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2014, periodo en el que Duarte encabezaba el gobierno estatal, funcionarios habrían operado transferencias hacia cuentas bancarias distintas a las autorizadas originalmente para la recepción y administración de subsidios federales. Estas maniobras, presuntamente, permitieron encubrir el destino final del dinero público.
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Durante la audiencia, el exmandatario, de quien hasta hace apenas unas semanas se especulaba su liberación al estar próximo a concluir su sentencia, rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso en su contra responde a intereses ajenos a la estricta aplicación de la ley.
Señaló directamente a la Fiscalía General de la República de intentar obstaculizar cualquier posibilidad de que obtenga su libertad, al considerar que las acciones legales emprendidas tienen una motivación política.
Por su parte, el equipo jurídico del exgobernador solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que implica que será hasta el próximo 17 de febrero cuando se determine si es vinculado a proceso.
Esta ampliación del plazo permitirá a la defensa del funcionario recordado por el fraude las «quimioterapias» a base de agua a niños con cáncer, presentar argumentos y pruebas adicionales antes de que el juez defina su situación jurídica.
La medida cautelar complica el panorama legal de Duarte, cuya eventual salida de prisión estaba prevista para el 15 de abril de 2026. En caso de que se dicte auto de vinculación a proceso, el escenario para recuperar la libertad en esa fecha se tornaría más incierto y tendrá que hacer acopio de más «paciencia y prudencia».
Con Información de la FGR
