Violan la Constitución más de 2 mil funcionarios: Alcalde

Al dar a conocer detalles sobre las reformas en materia de austeridad, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que en la actualidad hay 2 mil 560 funcionarios públicos federales con un gasto cercano a los 2 mil 364 millones de pesos, cuyas percepciones superan el salario del Presidente de la República y, por tanto, violan las restricciones constitucionales que establecen que nadie puede ganar más que el Jefe del Ejecutivo Federal.

Durante la conferencia presidencial, se informó que de estos funcionarios, 2 mil 367 pertenecen al Poder Judicial en tanto que 182 están adscritos a los diversos organismos autónomos. Se sabe que además, en los gobiernos estatales hay otra importante cantidad de servidores que tienen percepciones superiores al del Presidente. Por ello, la iniciativa de reforma constitucional pretende ahora establecer un tope medido en Unidades de Medida Administrativa, por lo que ahora se dispondrá que ninguno puede ganar más de 73 UMAS.

Con ello, se pretende cancelar los cuestionamientos sobre los montos exactos que se tienen que fijar los salarios, que han sido pretextos para el incumplimiento de la ley.

Como parte de la reforma, también el gobierno federal plantea que desaparezcan siete organismos autónomos que, en la visión gubernamental, duplican funciones con algunas secretarías de Estado. Indicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tienen un presupuesto anual de mil 97, cuyas funciones, dijo Alcalde las absorbería la Secretaría de la Función Pública, aunque no dijo nada de qué pasaría con la protección de datos personales. Asimismo, dijo que su desaparición se realizaría con respeto a los derechos de los trabajadores.

Otro caso, es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene un presupuesto de mil 690 millones de pesos cuyas tareas podría absorberlas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Otros organismos que se plantea su desaparición son la Comisión Federal de Competencia Económica, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Mejoredu.

Respecto a la austeridad, Luisa María Alcalde informó que este concepto no se menciona en la Constitución, cuando debería ser el principio rector para la correcta administración de los recursos públicos, y que por ello, algunas autoridades se siguen resistiendo a aplicar sus principios, escudándose en la división de poderes, la autonomía constitucional o la soberanía de los estados.

Por ello, la propuesta es establecer el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente, facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Austeridad Republican obligatoria para todos los Poderes, niveles y autoridades del Estado mexicano, sin excepción.

Además, se plantea prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, así como prohibir esquemas privados de jubilación, pensión y retiro, así como seguros de separación, de gastos médicos mayores, de vida, cajas de ahorro o cualquier otro privilegio pagado con recursos públicos.

La titular de Gobernación explicó que desde el 2019 se prohibió que servidores públicos perciban un salario superior al del presidente de la república. Sin embargo, existen 2 mil 560 funcionarios federales que violan este principio; 2 mil 377 del Poder Judicial de la Federación y 182 de órganos autónomos. El excedente de estas remuneraciones inconstitucionales supera los 2 mil 264 millones de pesos. Esto sin contemplar que en las entidades hay un número indeterminado de funcionarios que también violan este principio.

Para contrarrestar esto se propone que ningún servidor público gane más que el presidente, cuya remuneración no superará el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Así se ajustan todas las remuneraciones de servidores públicos federales y locales al tope máximo establecido por el presidente de la república. Los ahorros se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.