En un hecho inédito, la semana pasada el Gobierno de México interpuso una demanda en Estados Unidos contra empresas armamentistas norteamericanas, a las que acusó de “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” que facilitan el tráfico ilegal de armas hacia el territorio nacional, donde la violencia desatada por organizaciones del crimen organizado está incontenible.
El freno al tráfico ilegal de armas provenientes del país vecino ha sido una demanda constante de gobiernos estatales, que han venido exigiendo a la Federación -sin grandes avances- que tome con firmeza las riendas del asunto y lo controle. Para hacernos una idea de la gravedad del problema, tan sólo en Quintana Roo 9 de cada 10 asesinatos violentos están relacionados con la delincuencia organizada.
La falta de contundencia en las acciones emprendidas contra el narco y sus filiales no sólo ha fortalecido a los grupos criminales que actúan con plena impunidad en México, sino que coloca en desventaja a los cuerpos de Seguridad Pública de los estados, lo que ha sido expuesto reiteradamente por gobernadores de las entidades donde la violencia se ha disparado en los últimos años.
Un estudio reciente en Estados Unidos revela que a México ingresan desde esta nación cada año un aproximado de 213 mil armas ilegales, aunque según información oficial nuestra esa cifra se queda corta.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al menos mil armas diarias se están contrabandeando hacia México; esto es, al menos 365 mil armas cruzan la frontera norte, de allá para acá, cada año.
Tan sólo entre Tijuana y Matamoros, del lado estadounidense, hay 2 mil 500 armerías… y no son para vender las armas a los residentes de los Estados Unidos; su negocio es venderles armas a quienes las van a cruzar a México, sin mayores requisitos legales ni trabas burocráticas.
En la práctica, la porosidad y la corrupción en las aduanas mexicanas sólo ha sido atendida para controlar el flujo de migrantes, que parece ser para el Gobierno federal su prioridad. En tanto, estados como Quintana Roo han sufrido recortes en sus presupuestos para combatir el crimen y han visto disminuir gradualmente la presencia de las fuerzas federales.
En la actual situación ningún esfuerzo, por extraordinario que sea, será suficiente para frenar al crimen organizado, que es el responsable de que se haya disparado la violencia a niveles históricos en el país, si las autoridades federales son las que facilitan a los narcotraficantes sus fuentes de financiamiento, redes de operación, mercados, tráfico de armas y reclutamiento de indocumentados.
Así como el tráfico de armas, el “lavado de dinero” es delito del orden federal y, por tanto, facultad de la Federación para combatirlo. Las armas, traficadas desde Estados Unidos, le dan capacidad de fuego a los criminales y el lavado de dinero financia sus operaciones.
Se estima que el “lavado de dinero” en el país alcanza el 5% del Producto Interno Bruto, lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas, inmobiliarias y casas de bolsa, entre otros rubros.
Los gobiernos estatales sostienen que la única forma de reducir la violencia en el país es atacar sus orígenes, porque con la detención de los criminales, tarea en la que concentran sus esfuerzos actualmente, lo único que se ha conseguido es que por cada delincuente detenido aparezcan otros dos, más organizados y mejor armados.
Un monstruo de mil cabezas que, en definitiva, no será con reglazos en las manos como lo vamos a poder vencer.
