El millonario software de Gustavo Miranda, creado en una veterinaria

Gerardo Reynoso - Interface

En Quintana Roo, el Partido Verde Ecologista de México se ha especializado en los negocios más allá de la política. Una práctica que va desde los Ayuntamientos donde tiene representantes, hasta el Congreso del Estado.

Bajo esta premisa, el ahora expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Gustavo Miranda García, contrató  un software que costó  60 millones de pesos al año al Congreso, y del cual no se quiere dar información oficial.

De manera rimbombante, el software se presentó de la siguiente manera: Es tecnología “blockchain” para la certificación digital de la documentación legislativa, a través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo con el que se brindará mayor transparencia al manejo de la información durante el proceso legislativo.

Sin embargo, el sistema no tiene nada de transparente. Por el contrario, se trata de un mecanismo que se utilizó para manejar a discrecionalidad, recursos del Poder Legislativo de Quintana Roo.

Qué sabemos

Por órdenes de Gustavo Miranda se detuvo  la entrega de información oficial sobre esta “tecnología”, a poco más de 10 solicitudes de Transparencia que se ingresaron desde el año pasado, cuando se puso en marcha el sistema.

No obstante, la información siempre fluye, sobre todo cuando se trata de una enorme sospecha de corrupción.

Prueba de ello es el contrato firmado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el cual detalla que la aplicación “Avalanche” con tecnología “blockchain” de la empresa Ava Labs, tiene un costo neto de 4 millones 964 mil 800 pesos mensuales.

Lo anterior significa que se paga por este sistema digital 163 mil pesos diarios, que equivalen a 60 millones al año por un servicio que únicamente encripta documentos para que, en teoría, no se puedan alterar.

Y si los números no son suficientes, todo se clarifica cuando se presenta a la “empresa” que da el respaldo y crea el software para el Congreso del Estado.

Resulta que el sistema se le paga a una empresa denominada MTZ Especialistas y Soluciones Integrales, S.C. representada por Raúl Martínez Trujillo, ubicada en la calle Ajusco 812, colonia Volcanes, C.P. 68020 Oaxaca, Oaxaca.

Al ubicarse la dirección de la empresa, se descubre que el Congreso paga 4 millones de pesos mensuales a una clínica veterinaria bajo el nombre Pet & Co., de acuerdo con el registro público de la propiedad de la capital oaxaqueña.

Antecedente adicional, en la base de datos de informática y data México (página especializada en servicios de Internet en el país), no se registra el nombre de ninguna empresa MTZ Especialistas y Soluciones Integrales como una de las compañías que brinde y venda soporte técnico.

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