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Interface: Busca Congreso aplicar ley Mordaza al periodismo en Quintana Roo

El Congreso del estado prepara una Ley Mordaza al periodismo en Quintana Roo, para frenar la libertad de expresión que debe mantenerse en todo momento en la entidad, sobre todo en estos momentos de coyuntura social que vive el país.

La propuesta proviene del diputado Luis Fernando Chávez y sostiene la modificación al artículo 250 de código penal, para criminalizar el ejercicio periodístico, creando un nuevo esquema legal en contra de la libertad de expresión

Se trata de una ley mordaza en todos los sentidos. Esta iniciativa se votará en las próximas horas y tanto periodistas como ciudadanos, bajo el disfraz de “proteger los derechos humanos y la dignidad de las víctimas y sus familias mediante aplicación de sanciones a quienes filtren o difundan imágenes, audios o videos relacionados con procesos legales, se presentó la iniciativa de ley para agregar el artículo 204 Ter al Código Penal de Quintana Roo”

Esta iniciativa es mejor conocida como “Ley Ingrid” y fue presentada por el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, así como las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Érika Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Cristina Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora Vallejo, Tyara Shleske de Ariño, Ana Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva.

Contempla sanciones para quienes difundan, entreguen, publiquen, transmitan u oferten imágenes, audios, videos o documentos de los hechos, tales

Lo que no explican los diputados promoventes de la ley, es que en realidad el proyecto presentado busca acallar a los medios de comunicación en el momento de hacer su trabajo dentro de una escena del crimen captada por la lente de reporteros o civiles.

Según el proyecto que ha pasado al pleno cameral, la pena de cárcel incrementará cuando en la escena del crimen captada por la lente de los reporteros o civiles

La iniciativa supone en realidad un instrumento de censura y un agravio a la libertad de expresión de acuerdo a diversos tratados nacionales e internacionales y pone en riesgo el trabajo de reporteros, activistas y defensores de los Derechos Humanos que puedan resultar incómodos para las administraciones públicas en el gobierno en turno.