Fracasado su intento por victimizarse ante el Gobierno federal y su partido, Morena, a los cuales no logró convencer de que le robaron la elección, de que la violentaron políticamente y la amenazaron al grado de temer por su vida, la aún presidenta de Solidaridad, Laura Beristain, tiene que ir pensando en otra estrategia para entregar sin sobresaltos la alcaldía a la abogada panista Lilí Campos, quien ha prometido auditarla y llevarla a prisión por presuntos actos de corrupción.
Lilí Campos ganó Solidaridad por la alianza PAN-PRD y sepultó los sueños reeleccionistas de Beristain, quien ahora, se especula, estaría intentando tender puentes de diálogo y concertación con la que será su sucesora, a fin de que ésta no sea tan rigurosa a la hora de revisar las cuentas que le entregará la edil morenista dentro de unos meses, cuando concluya su administración.
Es cierto que en política todo se puede negociar y todo se puede resolver abriendo las puertas indicadas y jugando las cartas correctas, pero el caso de Laura Beristain se torna en una encrucijada para la alcaldesa electa, pues si bien por un lado está comprometida a cumplir su promesa de campaña de ejercer acción penal sobre ella o cualquiera de sus colaboradores de resultar corruptos, tiene también en contra tres escenarios que pudieran complicarle este propósito:
Primero, que su gobierno arrancaría en la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador, por lo que tendría que prever alguna reacción de éste o de la Federación en caso de que quisieran interpretar como revancha o persecución política la simple aplicación de la ley hacia un miembro de su partido, por muy malas cuentas que haya entregado.
Segundo, a como vemos desde ahora las cosas, el previsible arribo de Morena al poder en Quintana Roo, desde donde tampoco seguramente simpatizarían mucho con un gobierno municipal opositor y de minoría en el estado, que osara evidenciar abusos y corrupción de una ex alcaldesa perteneciente a sus filas.
Y tercero y último, la buena relación entre el presidente López Obrador y el gobernador Carlos Joaquín, que podría verse expuesta si al arribo de Lilí Campos al gobierno de Solidaridad comienza a investigar, auditar y a “cortar cabezas”. Y no es que esté mal en que lo haga -de hecho, está obligada-, sino que más allá del afecto manifiesto de AMLO hacia Carlos Joaquín, están también acuerdos políticos que seguramente ya están sobre la mesa.
Recordemos que López Obrador tiene especial interés por Quintana Roo porque aquí se asienta la mayor y más importante infraestructura del Tren Maya, una de sus colosales obras sexenales, por lo que no es aventurado suponer que él y el gobernador ya han tenido pláticas sobre la sucesión estatal. Carlos Joaquín, ya ha quedado demostrado, no utilizó el poder para beneficiar a partidos o candidatos afines ni a él ni a su gobierno. Y no lo hará -creemos que menos-, cuando ya va de salida.
Lilí Campos tiene que entrar a gobernar cumpliendo lo que ofreció para que la eligieran, sí, pero también tiene que echar mano de mucho ‘expertise’ político para hacerlo sin confrontar al partido que gobierna el país y que muy seguramente lo hará el año próximo en el estado, así como sin arriesgar la camaradería entre AMLO y el gobernador.
Si bien es cierto que el Gobierno federal no le siguió el juego a Laura Beristain en sus protestas en la Ciudad de México y por el contrario, respaldó el triunfo de la candidata panista en Solidaridad, también es cierto que le resultaría harto incómodo ver la cabeza de uno de sus miembros colgada como trofeo en la Fiscalía de un estado al que, hasta hoy, el presidente de México considera amigo, aliado, demócrata y respetuoso.
