La jornada electoral que finalizará el próximo domingo será la más violenta en el país en los últimos años, y el Estado no fue ajeno a tal fenómeno. Según análisis de la firma Entellekt Consultores, en este proceso han sido muertos 89 políticos, de los cuales 35 iban por un cargo de elección popular. El total de agresiones alcanzó los 782 casos, 10% más que en el proceso anterior.
En el Estado, con la muerte en febrero del candidato de Morena a la alcaldía de Puerto Morelos, inició un conteo al que se sumarían después desde amenazas hasta el incendio de automóviles de activistas de los partidos y denuncias de todo tipo en medios informativos formales y en las redes sociales, trinchera fértil para la calumnia entre los propios candidatos.
No obstante, en lo que toca al Estado, aún no se puede hablar a cabalidad de violencia política, pues ninguno de los episodios ha tenido por meta el ataque o defensa de idea política alguna, pues no la hay, sino que han nacido del afán por proteger los intereses de los propios aspirantes y sus socios y el caso de Puerto Morelos, de nota roja, muestra ya dicho. En la lista también aparece Tulum…
En este contexto, resulta alarmante la cada vez mayor infiltración de los cárteles en los órganos locales de los partidos políticos -donde se eligen los candidatos- y su cada vez más feroz búsqueda de presencia en el poder público. Jalisco y Tamaulipas ilustran el peligro. En algunos puntos del Estado, por desgracia, los cárteles pueden haber nutrido ya las campañas electorales.
Breve es el espacio de esta glosa y es difícil enlistar las injurias que han mediado entre los candidatos o las miserias que han exhibido al acusarse unos a otros de corrupción, ya que la sombra del dinero negro cubre a todos, pero de ello a la violencia política hay una gran distancia. Muchos de los episodios, pasado el proceso, se ventilarán en la mesa del fuero común… Al tiempo.
