Doce personas fueron vinculadas a proceso en procedimientos judiciales separados por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en los municipios de Playa del Carmen y Othón P. Blanco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los casos fueron presentados ante jueces de Control por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que obtuvo resoluciones favorables para continuar los procesos penales contra los señalados.
En Playa del Carmen, Álvaro “N”, Luis Yahir “N” y Juan Carlos “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en hechos relacionados con la posesión de cannabis, metanfetamina y cocaína con fines de suministro.
En ese mismo municipio, Roy Deli “N”, Roberto “N” y Luis Ignacio “N” quedaron sujetos a proceso por la probable posesión simple de narcóticos, una modalidad que se refiere a la posesión de sustancias sin que, en la imputación reportada, se establezca como finalidad su suministro.
Además, en audiencias individuales, los jueces vincularon a proceso a Mateo “N”, René “N”, Adrián “N”, Enrique “N” y Emilio “N”, por hechos relacionados con la posesión simple de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Para estas cinco personas, la autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso, conforme a lo resuelto en las audiencias.
Por separado, en el municipio de Othón P. Blanco, Julián Amílcar “N” también fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la variante de posesión de narcóticos con fines de suministro. En este caso, el juez igualmente impuso prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la Fiscalía, las resoluciones derivaron de las investigaciones y los datos de prueba presentados en cada audiencia. La vinculación a proceso permite que los procedimientos continúen, pero no significa que las personas imputadas hayan sido declaradas culpables.
Los casos seguirán su curso ante las autoridades judiciales, que deberán determinar la responsabilidad penal de cada señalado conforme avance el proceso.
