Por Basilio Arévalo<Radar Peninsular
En su segundo año al frente de la administración estatal y la víspera del cambio de ayuntamientos para el período constitucional 2018-2021, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, recibió las renuncias de los responsables de la seguridad en la entidad: Rodolfo del Ángel Campos, en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y Miguel Ángel Pech Cen, en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con experiencia en tareas de seguridad y combate al crimen organizado en los estados de Morelos y Tijuana, a su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, el pasado 26 de septiembre, en el segundo año del Gobierno de alternancia de Carlos Joaquín, Jesús Alberto Capella Ibarra enfatiza que viene una primer tarea de combatir una obesa nómina con el fin de fortalecer financieramente el personal operativo, acción que permitirá –está seguro– doblegar la espiral delictiva en el estado.
En entrevistas ipso-facto, horas después de tomar el cargo, Capella Ibarra señala actuar “con todo respeto” al enlistar los esfuerzos del súper policía al que releva, quien se lleva sobre sus espaldas 426 homicidios sin resolver y vinculados al crimen organizado.
Rodolfo del Ángel Campos, policía de carrera al que se reconoce inhibir el avance de cárteles desde que inició su acompañamiento en el rubro con Carlos Joaquín siendo presidente municipal de Solidaridad, está seguro de haber cumplido la encomienda conferida, subrayando el desmantelamiento de células delictivas y la captura de 13 jefes delictivos, entre estos la ahora célebre ‘Doña Lety’, quien figuró como cabeza del cártel de Cancún, que según fuentes de inteligencia militar, operó con el manto protector de la administración estatal anterior.
Policías de carrera y con experiencia táctica desfilaron en los albores del cambio de gobierno, a la llegada del llamado “Gobierno de alternancia en Quintana Roo”.
En Cozumel, cuna de la mayoría de los gobernadores de este estado con vocación turística, no pocos de los interesados en ocupar la titularidad de la SSP han rechazado la invitación o desinteresado en la convocatoria.
Manuel N., de quien por motivos de seguridad se omiten sus datos, asegura que los 48 mil – 50 mil pesos que el puesto ofrece de salario mensual, más la acumulatoria por gastos de viáticos, no corresponde al sagrado privilegio de la tranquilidad personal.
“Es un puesto público de altísima responsabilidad y sobre todo de altísimo riesgo, porque enfrentas todo, a todos, y no me refiero a un secretario, un funcionario del primer nivel que no porte la escolta, arma o conforme un anillo de seguridad. Me refiero a que no duermes tranquilo”, sostiene en breve entrevista con el reportero.
Michel N., otro de los policías de carrera y experiencia técnica que también han participado en mandos policíacos, afirma que no es un asunto de percepción salarial. Es un asunto de cuidar tu integridad, la vida. “Haces una tarea de alta responsiva que no es bien vista a veces por todos los sectores. Tienes que obedecer, también tienes jefe y te debes a quien te contrató, a quien te invitó a asumir el cargo, y principalmente a la población, a la comunidad para la que se trabaja. Entonces hay tareas que no les agrada y otras que deben modificarse para avanzar en el tema, ahí es donde surge la problemática. No, no es un asunto de dinero”, reitera.
En agosto de 2017, en la ciudad de Cancún, Rodolfo del Ángel encabezó la firma de acuerdos para fortalecer la prevención del delito, la seguridad y el fomento a la denuncia como parte del resultado de coordinación entre los directores de las corporaciones de Policía Municipal y la Secretaría Estatal.
Algunos de los mandos policíacos municipales vieron con desagrado la intención protagonista de la coordinadora de Instancias y Prevención del Delito, Vivian Melbilui Castillo Dzul, quien durante la administración priísta en el Ayuntamiento de Benito Juárez con Paul Carrillo de Cáceres, ocupó un mando en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública.
El objetivo del encuentro de acuerdos, señalaba el entonces secretario del Ángel, era para consolidar un Quintana Roo cada vez más seguro. La reunión se realizó en la Sala de Crisis del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4) Cancún y se recalcó la inclusión de la ciudadanía en el tema, para conciencias sobre la cultura del autocuidado y la denuncia a fin de influir positivamente en disminuir los índices delictivos.
Apenas el 6 de septiembre de 2018, en su visita a Tijuana, Alberto Capella, quien fue el alto mando policíaco en esa entidad, dijo no tener interés de involucrarse en la política pero que se requiere una propuesta sólida en materia de seguridad.
Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, afirmó que tenía varias propuestas de trabajo en puerta pero todas en materia de seguridad, señalando que su interés era el de mantenerse retirado de la política, por lo que no consideraba postularse de candidato a la alcaldía de Tijuana.
Capella, dijo que la situación en materia de seguridad se encuentra en estado crítico, con picos en estadísticas de inseguridad superiores al periodo de 2004 al 2008, que se lograron reducir y combatir en su momento a la delincuencia.
La llegada del nuevo Gobierno Federal y la próxima salida del estatal, sostuvo que pone en una situación difícil la resolución de los problemas que aquejan a la entidad, señaló que se requiere una planeación a mediano y largo plazo, con una propuesta sólida en materia de seguridad.
En el estado de Morelos, en marzo pasado, siendo comisionado estatal de Seguridad Pública –su empleo más reciente–, Jesús Alberto Capella Ibarra, acusó a 13 alcaldes de la entidad, de 33, de pagar cuotas por “derecho de piso” al grupo criminal de “Los Rojos”, pagos que van de los 50 a los 100 mil pesos mensuales y que además les exigen la compra de caballos finos con precios que van de los 200 o 250 mil pesos.
Al comparecer ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Morelos, para dar a conocer la situación de inseguridad que atraviesa la entidad, el comisionado soltó las acusaciones y atizó la investigación a fin de que la Fiscalía de Morelos actuara contra los ediles.
En su discurso dijo: “Quiero informar a esta Comisión, a este honorable Congreso, que de acuerdo al esquema de colaboración que tenemos con el esquema federal y con la Fiscalía del Estado, se han iniciado investigaciones desde hace unos meses a 13 municipios del estado que presumimos, según la información emitida por las áreas de inteligencia, gracias a los resultados de importantes detenciones particularmente en el sur del estado, en cuanto al señalamiento que 13 funcionarios de gobiernos municipales pagan entre 50 y 100 mil pesos por esquemas de protección a un grupo delictivo que opera en el sur del estado”.
Y remató: “Ya basta de estar comprando yeguas en 200 mil pesos, porque te lo exigen los grupos delictivos o estar pagando entre 50 y 100 mil pesos, dependiendo del tamaño del Ayuntamiento, por mes para que sigan pagando ellos la nómina de sus sicarios”.
El doctor Miguel Ángel Pech Cen también presentó renuncia como fiscal general del Estado. Hasta cierre de edición, el aún discal de Quintana Roo presentó su documento de renuncia al día siguiente de que se diera el relevo en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Sin embargo, agregó que la dimisión sería efectiva a partir del 1 de octubre del año en curso, luego de casi dos años como titular de la Fiscalía, institución a la que llegó en medio de cuestionamientos, como el haber sido el alfil jurídico en el célebre caso que evitó la captura rápida del pederasta Jean Succar Kuri, en Cancún.
En los pasillos de la Fiscalía permea la versión de que Miguel Ángel Pech renunció, obligado por la presión de la sociedad quintanarroense frente a la crisis de seguridad que vive la entidad turística y, sobre todo, traducida en los numerosos homicidios sin resolver en la Zona Norte.
En diciembre de 2016, el día 21, el Pleno de la Décimo Quinta Legislatura del Congreso de Quintana Roo, lo eligió luego de haber escuchado las propuestas de la terna integrada por dos abogados más: Lilí Campos Miranda y Óscar Buenfil Rojas.
Hay que señalar que en su tesis, Pech Cen resaltó la necesidad de profesionalizar a los trabajadores de la Fiscalía, comprometiéndose a que contarían con oportunidades de capacitación. También dijo que, para construir una Fiscalía transparente el personal sustantivo estaba obligado a publicar su relación de bienes, señalar posibles conflictos de interés y la totalidad de aspectos fiscales pertinentes, así como someterse a los respectivos exámenes de control y confianza.
Pech Cen también ofreció garantizar atención integral a las víctimas del delito, modernizar la Fiscalía a partir de herramientas como una aplicación móvil que facilitara al ciudadano emitir la denuncia, sin contar el compromiso de erradicar la impunidad, la violencia y los delitos de género.
LOS RELEVOS:
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
Se va: Rodolfo del Ángel Campos
Entra: Jesús Alberto Capella Ibarra
Experiencia: En tareas de seguridad y combate al crimen organizado en los estados de Morelos y Baja California.
Se va: Miguel Ángel Pech Cen
Entra: Gustavo Salas Salgado
Experiencia: Licenciado en derecho, desde 1968 se ha desempeñado como abogado penalista.
Esta web usa cookies.
