Por Jesús Vázquez
#RadarPeninsular
La aprobación de la Ley de Movilidad en Quintana Roo deja más dudas que certidumbre respecto de la operación de plataformas digitales de transporte en el estado.
La ley se aprobó exactamente en los mismos términos en los que Uber había señalado que violentaban las economías colaborativas y el autoempleo.
Para entender esta situación, habrá que recordar la conferencia del pasado 22 de noviembre en Cancún, encabezada por Federico Ranero, gerente general de Uber México.
Dicha conferencia fue convocada a propósito del ingreso al Congreso del Estado de la iniciativa de Ley de Movilidad promovida por el diputado Fernando Celaya. Durante la misma, se aseguró que si la ley era aprobada en los términos en los que había sido presentada, se verían obligados a dejar de operar en la entidad, definitivamente.
Federico Ranero calificó entonces la iniciativa de restrictiva y discriminatoria, porque se incluía un apartado que los obligaba a operar únicamente con usuarios que tuvieran tarjeta de crédito o débito, lo cual aseguraron que automáticamente excluía a más de 60 por ciento de sus pasajeros que pagaban sus servicios en efectivo.
La minuta aprobada el lunes 28 de mayo mantiene esta medida en los siguientes términos: “Quedará estrictamente prohibido a los conductores de vehículos mediante los que se preste el servicio de transporte, a través de plataformas digitales, aceptar paradas en la calle u ofertar de manera directa en la vía pública sus servicios, así́ como aceptar pago por el servicio en efectivo”.
El gerente general de Uber también señaló, en noviembre pasado, que la ley atentaba contra el principio de economías colaborativas, porque imponía la obligación de que las unidades fueran operadas por su dueño y un operador adicional como máximo, quienes además debían demostrar su arraigo de dos años en la entidad. Esta medida también se mantuvo en la iniciativa aprobada el lunes pasado.
Otro requisito que se mantuvo fue el que las unidades con las que opere Uber y otras plataformas digitales, tengan un precio mínimo de 240 mil pesos. Al respecto, Federico Ranero dijo que afectaría al 22 por ciento de los socios al no poder comprobar que residen en Cancún desde hace más de dos años, pues el 40 por ciento eran desempleados y el 70 por ciento se integró por primera vez a la economía formal, mientras que el 80 por ciento no podría cumplir con los vehículos que establece la iniciativa, pues el costo de sus unidades oscila entre 150 mil y 180 mil pesos.
El directivo insistió en aquella ocasión en que si la iniciativa era aprobada en esos términos, se verían obligados a abandonar el estado en definitiva.
PRESIÓN DE TAXISTAS
A la incertidumbre sobre la operación de Uber en Quintana Roo, se debe añadir las movilizaciones de los taxistas en todo el estado, quienes se dicen traicionados por el gobernador Carlos Joaquín, luego que se aprobada la ley en lunes pasado.
En un escueto comunicado, emitido el martes 29 de mayo, Uber reconoce “el primer paso hacia adelante que el Congreso de Quintana Roo ha dado a favor de los quintanarroenses, al reafirmar los derechos de sus ciudadanos por nuevas y mejores opciones de movilidad, así como oportunidades de autoempleo”.
Adelantan que seguirán trabajando con las autoridades del estado para impulsar el acceso a las soluciones de movilidad y oportunidades de autoempleo. “Estaremos pendientes a la publicación de la nueva Ley de Movilidad de Quintana Roo para determinar los siguientes pasos referentes a la operación de Uber en el estado”, añaden y hacen especial mención al hecho de que la ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Periódico Oficial de Quintana Roo.
“Reiteramos nuestro compromiso con Cancún y Quintana Roo, así como con sus ciudadanos y visitantes. Agradecemos a todos los usuarios y socios conductores de Uber, organizaciones civiles e iniciativa privada, por el apoyo constante que públicamente han demostrado a favor de la tecnología y su derecho a elegir cómo moverse y autoemplearse”, concluyen.
La empresa no hace referencia alguna a si está de acuerdo o no con los términos en los que se publicó la ley, pero sí señala que aún tienen un plazo de 90 días para “seguir trabajando” con las autoridades en lo que respecta a la operación de la empresa en el estado.
OTRA POLÉMICA LEY APROBADA
Previamente, el Congreso del Estado también aprobó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual ha concitado no solo el amago de amparos por parte de diferentes sectores académicos y de la sociedad civil, sino de los propios ayuntamientos, por considerar que la ley invade facultades exclusivas de la esfera municipal.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo, a través de su presidente Eduardo Galaviz, recordó que el Congreso de la Unión aprobó, el 28 de noviembre de 2016, una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, en la que se estableció que los estados debían expedir sus propias leyes estatales, en congruencia con la general, a más tardar el 28 de noviembre de 2017. Esto último no se cumplió por la mayoría de la entidades, ya que ha generado un amplio rechazo, especialmente por parte de los municipios, lo que se ha concretado en la presentación de controversias constitucionales por un buen número de ellos.
Por ejemplo, dijo, los municipios neoleonenses de San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, García, Juárez y Santiago, han presentado sus respectivas controversias argumentando que la ley atenta contra la forma de gobierno de los municipios y coarta el derecho a que cada comunidad local pueda hacer sus propias normas para regirse.
“Le imponen a los municipios un modo de planear el desarrollo urbano, le impone un único modelo de desarrollo urbano y eso, más que atentar contra el municipio como un orden de gobierno, lo que atenta es contra la ciudadanía, la comunidad local”, aseguró Galaviz Ibarra.
La base de esta ley está enmarcada en un supuesto y propuesta global de ciudades metropolitanas presentada por instituciones internacionales, lo cual el gobierno mexicano asumió como modelo para su ordenamiento territorial, sin considerar que atenta contra las atribuciones de los municipios en esta misma materia, insistió.
En el fondo, dijo, se trata de una ley que plantea un esquema centralista de control de las atribuciones que tienen los municipios, pero además plantea una sobrerregulación de los permisos, congruencias, tramitología y también un incremento en los pagos de todas estas etapas, los cuales se presentan como una nueva opción recaudatoria.
Aunado a ello, Antonio Meckler, regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, anunció que promoverá un amparo junto a un grupo de ciudadanos en contra de la nueva Ley de Asentamientos Humanos.
El concejal aseguró que esta legislación pretende dejar en manos del Gobierno del Estado todo lo relacionado con la elaboración de los instrumentos de desarrollo urbano que actualmente son facultad exclusiva de los municipios.
Adelantó que una vez que la ley se publique en el Periódico Oficial del Estado, interpondrán el amparo, para lo cual ya está elaborando la estrategia legal junto con un grupo de ciudadanos preocupados por esta situación.
“Nos pondremos en contacto con el Colegio de Biólogos, que son los que también han manifestado su oposición a esta nueva ley, para elaborar de manera conjunta una estrategia legal”, dijo.
