En septiembre del 2018, Carlos Humberto Pereyra Vázquez era enfático y enérgico en sus declaraciones. En su primera intervención ante medios de comunicación como nuevo titular de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Quintana Roo.
Impera corrupción en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo
Su primer discurso fue sanar las dudas y cuestionamientos que se tenían dentro de una dependencia que, durante mucho tiempo, ha sido señalada y encasillada en un circuito sistemático de corrupción.
“No habrá más corrupción”, sostenía una y otra vez Carlos Humberto Pereyra Vázquez, quien en ese momento regresaba a la política local tras estar “congelado” por más de siete años, tras su paso por la entonces Subprocuraduría de Justicia de Quintana Roo, la cual abandono precisamente por señalamientos de corrupción, entre otras cuestiones.
Entre sus comentarios, sostenía la presentación de un nuevo sistema de metodología para registrar propiedades con todo el sustento legal y evitar esos actos de corrupción que fueron la marca registrada durante el gobierno de Roberto Borge, precisamente dentro del Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, todo eso fue demagogia y politiquería. A casi dos años de haber tomado posesión, a Carlos Humberto Pereyra Vázquez se le mantiene dentro del circulo de duda constantemente.
Lo anterior se debe a que los actos de corrupción siguen a la orden en la dependencia a su cargo, a través de su oficina en Cancún encabezada por María de Jesús Tzuc Peña, se siguen cometiendo ilegalidades.
Ejemplo de ello son más de 50 quejas en torno a los mismos problemas de antaño. La estrategia de saqueos funciona a través de juicios amañados en Juntas de Conciliación y Arbitraje o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público en procesos exprés.
En ese sentido, empresas y particulares en Quintana Roo han sido despojados de sus bienes a través de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios públicos de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio.
Esta red maneja un sistema masivo de fraudes para apropiarse o vender a la mitad de su valor casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos. El esquema también opera mediante el “congelamiento” y retiro de dinero de cuentas bancarias.
Así, bajo ese contexto es que la dependencia a cargo de Carlos Humberto Pereyra Vázquez se ha mantenido bajo corrupción, aún en tiempos de la pandemia.
